La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, denuncia la situación que atraviesan los productores de nuestra comunidad autónoma en relación a los injustificables retrasos producidos en la retirada de los animales muertos en sus explotaciones.

Estos retrasos, que en determinados casos superan las dos semanas, están provocando un evidente riesgo sanitario, además de malos olores, quejas de los vecinos y, en resumen, un grave daño a la imagen de estos profesionales del campo, los cuales no son en absoluto responsables. Son varias las provincias afectadas aunque los mayores problemas se registran en algunas comarcas de Málaga.

Aunque esta situación está provocada aparentemente por problemas con alguna de las empresas autorizadas para el servicio de transporte de los animales muertos hasta las plantas de tratamiento de subproductos, la responsabilidad final no deja de ser de la Junta de Andalucía, que debe tomar medidas, con carácter inmediato, para normalizar la actividad. Esta organización agraria reclama que todos los cambios que se han venido produciendo en los últimos meses en relación a la liberalización del servicio de transporte por parte de la Consejería de Agricultura dejen de perjudicar a nuestros ganaderos y sirvan, de una vez por todas, para mejorar la calidad de este servicio, que en la actualidad es claramente ineficiente.

Además de tener que soportar un servicio de recogida de pésima calidad, los productores andaluces han experimentado un incremento notable de los costes derivados de la obligación de retirar los animales muertos, ya que la Junta de Andalucía ha eliminado la subvención a la contratación del seguro de retirada, lo cual, unido a la disminución de la aportación de ENESA (del 32 al 16%), ha provocado que los gastos se disparen. Por poner un ejemplo, una explotación de ovino/caprino de 500 animales ha pasado de pagar alrededor de 270 € anuales a más de 500 € en la actualidad.

La prohibición de enterrar a los animales muertos en las explotaciones ganaderas responde a una normativa comunitaria, en vigor desde el año 2002 que, salvo excepciones, obliga a los productores a gestionar la retirada de cadáveres a través de la contratación del correspondiente seguro MAR o MER, según el caso. Además, la nueva normativa también ha obligado a los productores a realizar inversiones en las explotaciones ganaderas que han incrementado los costes de producción en los últimos años. Todo ello justifica sobradamente la exigencia de un servicio eficiente que esté a la altura de los esfuerzos realizados por estos profesionales de la ganadería en nuestro territorio.