La reforma de la PAC acordada por los estados de la Unión Europea para los próximos 7 años afectará negativamente a dos cultivos sensibles de La Rioja: el viñedo y la remolacha, eliminando el valor de los derechos de plantación en el primer caso y poniendo fin al régimen de cuotas en el segundo.

En opinión de ARAG-ASAJA, el resultado de las negociaciones de los últimos meses que se consiguió ayer no beneficiará a la agricultura y ganadería española y riojana porque empeora objetivamente la situación de los productores pero, dada la propuesta inicial que se planteaba mucho más lesiva, lo conseguido ayer es el resultado de una buena negociación española y supone una mejora sustancial respecto a lo que podía haber sido.

Viñedo y remolacha

En el caso del viñedo, se ha eliminado el valor de los derechos de plantación y se ha creado un nuevo sistema de limitación de la producción basado en autorizaciones administrativas, que comenzará en 2020, hasta 2030.
ARAG-ASAJA cree positivo que se haya podido impedir la liberalización de derechos de plantación para
mantener el control del potencial vitícola, sin embargo, estima que la nueva fórmula que se plantea de concesiones administrativas hasta el año 2030 perjudicará a los casi 17.000 viticultores de la DOCa, que cultivan más de 62.000 hectáreas de viñedo, hurtando una parte importante de su patrimonio.

El valor actual de los derechos de viñedo de Rioja es el fruto del trabajo de generaciones de agricultores y del esfuerzo de todos ellos en crear un modelo de calidad y de prestigio a través del control y del cumplimiento estricto de unas normas que han dado lugar a lo que hoy es el vino de Rioja.

Durante todos estos años, éstos han invertido muchísimos recursos económicos en la ampliación de sus explotaciones y también en el pago de los impuestos afectos a estas compras (IVA ó transmisiones patrimoniales) calculados sobre el importe por hectárea fijado por Hacienda. Con el cambio de situación, muchas de estas inversiones no se podrán amortizar.
En cuanto al sector remolachero, que en La Rioja afecta a 250 productores y se localiza en unas 1.200 hectáreas de La Rioja alta, con una producción en torno a las 132.000 toneladas, la nueva reforma acaba con el régimen de cuotas en 2017, 2 años más que el inicialmente previsto por la Comisión Europea, 3 menos que la propuesta del Parlamento y, en todo caso, un varapalo para el sector riojano y español que no va a poder amortizar las inversiones de los últimos años y verá en riesgo su continuidad.

El actual sistema de cuotas ha garantizado el aprovisionamiento de azúcar y la estabilidad de los mercados y, su eliminación, va a perjudicar gravemente al sector y va a poner en riesgo la continuidad del cultivo, dejando paso a las producciones del centro de Europa, que requieren menos costes. Todo ello a pesar de las excelentes campañas de remolacha de los dos últimos años en que se han batido récords cualitativos y cuantitativos.

Resto de asuntos

Respecto al resto de asuntos contenidos en el acuerdo, ARAG-ASAJA valora positivamente el mantenimiento para el periodo 2014 a 2020 de un apoyo presupuestario para el sector agrario español similar al del periodo actual: 47.000 millones de euros hasta 2020.

Asimismo, reconoce como positivo el mantenimiento del número de hectáreas susceptibles de percibir ayudas de la PAC (inicialmente se planteó doblar este número de 16 millones a 32, reduciendo casi a la mitad la ayuda por hectárea), y finalmente, cree muy favorable para España que no sea obligatoria la convergencia interna en el cobro de las ayudas, es decir, que todos los agricultores y ganaderos de todas las zonas de la UE cobren lo mismo sin atender a la diversidad agraria de algunos países como por ejemplo, el nuestro.

En cuanto a otros temas más concretos, la organización agraria reconoce que se ha logrado mejorar la propuesta inicial planteada pero el resultado final no mejora la situación del campo. Así, el tema del Greening, sigue considerándose un “peaje” excesivo para el productor que no debía de haber existido, si bien, la articulación final es menos lesiva que la inicial. En la definición de agricultor profesional, se debería de haber incluido una definición de lo que es en términos de su aportación económica y profesional, en vez de recurrir a una lista de los que no lo son para definirlo y, finalmente, la ganadería, vuelve a ser la gran olvidada en esta reforma y se desconoce cómo le afectarán los nuevos cambios.