Las consejeras de Medio Rural y Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, y de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, Blanca Martínez, mantuvieron el lunes en Ribadeo (Lugo) una reunión de trabajo para coordinar una propuesta de adecuación de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) para el período 2014-2020 teniendo en cuenta las similitudes entre ambas comunidades.

En este sentido se abordaron los principales temas que suponen la aplicación de la PAC y la búsqueda de una posición común en relación con el modelo de ejecución de ésta a nivel estatal.

Lácteo

Entre los temas tratados destaca el relacionado con el sector lácteo. En este sentido, ambas comunidades defienden mecanismos de control de la producción en un escenario sin cuotas. También existe interés y predisposición plena a trabajar con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el propio sector en la definición a nivel estatal de posibles actuaciones en caso de desequilibrios y crisis en el sector.

Galicia y Cantabria abogan además por priorizar a las explotaciones lácteas en el marco de las ayudas del desarrollo rural.

Pagos directos

En cuanto a los pagos directos, se apuesta por la garantía del mantenimiento sin recortes de los fondos que se vienen percibiendo de forma anual de las actuales asignaciones de la PAC. También se defiende la limitación de los efectos de la convergencia interna, es decir, evitar distorsiones entre sectores y territorios.

Además, se propone una comarcalización de la PAC que contemple las realidades y orientaciones productivas a nivel estatal. Con respeto a las zonas desfavorecidas con limitaciones especiales, se defiende una aplicación del pago directo voluntario previsto para estas áreas.

Galicia y Cantabria apuestan también por un trato igualitario a todos los productores, con el fortalecimiento de las organizaciones de productores y la coordinación de las autoridades nacionales de Competencia.

Desarrollo rural

Otro de los aspectos abordados en esta reunión fue el relativo al desarrollo rural. En este sentido, sobre el esfuerzo financiero se defiende la garantía de una cofinanciación FEADER cuando menos análoga a la vigente en la que se tengan en consideración criterios como el porcentaje de empleo agrario.

También se aboga por la coexistencia de un Plan de Desarrollo Rural (PDR) autonómico y otro a nivel central, con la limitación de este último a actuaciones de ámbito supra-autonómico.