La organización agraria ASAJA de Castilla y León se opone a que los regantes que utilizan aguas superficiales procedentes de los embalses de la cuenca del Duero tengan que asumir el coste que supone el pago del IBI por los terrenos que fueron anegados en su día. Por cumplimiento de sentencia judicial, el Estado tiene que pagar cada año a los ayuntamientos el Impuesto de Bienes Inmuebles por los terrenos expropiados cuando se construyeron los embales, y ahora el Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Duero, pretende recuperarlo de los regantes incrementando el coste del “canon de regulación”. Este sobrecoste tendrá una repercusión, según estimaciones de ASAJA, de unos 5 euros por hectárea y año. El “canon de regulación” es uno de los conceptos por los que se paga el agua de riego con el fin de “resarcir al Estado de su inversión en los embalses, así como otros gastos de mantenimiento”. Este canon de regulación, que pretenden incrementar con una media de 5€/Ha, tiene unos importes distintos según las zonas de riego: así, en el año 2013 osciló entre 17,26 euros por hectárea en la zona regable del Alto Duero, y los 95,15 euros por hectárea en la zona regable del Águeda.

ASAJA de Castilla y León pide a todas las comunidades de regantes de la cuenca del Duero que, una vez que se publiquen en los boletines oficiales las tarifas de riego y el canon de regulación para el año 2014 con la Resolución de José Valín como presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, lo recurran por la vía contencioso administrativa y que se nieguen rotundamente a ser recaudadores para un Estado que no se ve saciado en el cobro de impuestos a los ciudadanos.

ASAJA de Castilla y León lamenta que en un momento en el que los presupuestos agrarios del ministerio de Agricultura y de la Junta de Castilla y León se han reducido a la mitad, situándose en cifras de hace más de diez años, se responda a las necesidades de agricultores y ganaderos aumentando unos impuestos que restan competitividad a la actividad y que suponen una pérdida de renta para las familias agrarias. Este agravio para con los regantes se suma a la reciente modificación, por decisiones políticas, del coste de la electricidad, uno de los insumos más elevados en los regadíos modernizados de Castilla y León.