El gobierno de François Hollande aprobó el miércoles, en el Consejo de Ministros, su proyecto de Ley para el futuro de la agricultura. Durante el mandato de Nicolás Sarkozy, también se quiso impulsar una ley agraria y se aprobó la Ley para la Modernización de la Agricultura francesa, actualmente vigente.

Los jóvenes, las relaciones en la cadena alimentaria y la agricultura comprometida con el medio ambiente son algunos de los ejes de esta nueva proyecto de ley, con la que el Ministro de Agricultura, Stephane Le Folle, quiere que la agricultura francesa se convierta en la primera de Europa, según ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo. Se espera que este proyecto de Ley inicie su debate parlamentario al principios de 2014.

Algunos de los puntos clave de la ley son:

– Potenciar la figura del mediador de contratos (que es una figura que funciona en Francia desde hace un par año) dándole capacidad para intervenir en cuestiones estructurales de los litigios entre las partes. Su misión sería una mejor aplicación de los contratos y unas relaciones comerciales más equilibradas.

– Creación de los Grupos de Interés Económico y Ambiental (GIEE). Se trataría de grupos de productores con compromisos colectivos en la agro-ecología que se asociarían con partes interesadas del sector o del territorio. Se beneficiarían de prioridades y de una mayor asignación de las ayudas públicas en aquéllas, cuyos objetivos correspondieran con el proyecto plurianual

– Lucha contra la antibio-resistencia, mediante mejores prácticas comerciales y de prescripción.

– Promoción del relevo generacional, permitiendo que los jóvenes de menos de 30 años que trabajen asalariados en una explotación a la que no le une vinculo familiar pudieran beneficiarse de la ayuda específica (contratos de generación que hasta ahora no se aplicaban en agricultura y si en otros sectores).

– Limitación de aumento excesivo del tamaño de las explotaciones, a través de la concesión de autorizaciones de instalación a las que evitaran grandes tamaños y promovieran la diversidad de sistema de producción y el empleo.

– Transparencia en la información al consumidor, quien tendría acceso a los resultados de los controles sanitarios realizados en cantinas, restaurantes y talleres de transformación de productos alimentarios.

– Seguimiento permanente del impacto de los productos fitosanitarios, no solo en el momento de la autorización sino también durante toda su utilización.

– Creación de un fondo estratégico para el sector forestal que vendría a ocupar el lugar del que se eliminó en el año 2000.

– Creación de un Instituto agronómico y veterinario, que reforzara la cooperación entre la formación técnica superior y la investigación.