La Comisión Europea ha reclamado, en el marco del llamado procedimiento de liquidación de cuentas, un importe total de 318 millones de euros que, perteneciendo a los fondos asignados a la política agrícola de la UE, han sido gastados indebidamente por los Estados miembros. No obstante, dado que ya se ha recuperado de estos una parte de ese importe, la incidencia financiera de la decisión del pasado viernes se elevará a unos 315 millones de euros.

Once son los estados a los que se reclama. España es uno de ellos y tendrá que devolver 8,59 millones de euros, debido a una corrección propuesta por la negligencia observada en la recuperación de una deuda y por la incorrecta comunicación de irregularidades

Los otros países a lo que también se les reclama son Dinamarca, Alemania, Grecia, Francia, Italia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Finlandia y Reino Unido. Las correcciones más importantes son las siguientes:

– 238,90 millones EUR (incidencia financiera1 de 237,83 millones EUR) a cargo de Francia por deficiencias en la asignación de derechos;

– 12,94 millones EUR (incidencia financiera1 de 12,04 millones EUR) a cargo de Portugal por deficiencias relacionadas con los requisitos de condicionalidad;

– 10,03 millones EUR a cargo de Francia por deficiencias en la medida destinada a los jóvenes agricultores y en el control de los préstamos con bonificación de intereses.

Por el contrario, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (T-267/07) contra una decisión anterior de la Comisión, se reembolsarán 2,11 millones EUR a Italia.

La suma reclamada tiene que volver al presupuesto de la UE porque se ha incumplido la normativa de la Unión o porque son inadecuados los procedimientos de control que se han aplicado a los gastos agrarios. Es responsabilidad de los Estados miembros pagar y controlar los gastos enmarcados en la política agrícola común (PAC), y la Comisión está obligada a garantizar que los Estados miembros hagan un uso correcto de los fondos.