El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una batería de preguntas escritas y una proposición no de ley sobre el conflicto en la distribución detallista de gasóleo a tipo bonificado del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos por las cooperativas agroalimentarias, derivado del uso de la tarjeta-gasóleo bonificado como medio de pago.
El portavoz de agricultura, Alejandro Alonso, denuncia que “con sus decisiones, el Gobierno pone en riesgo el futuro de las cooperativas agroalimentarias”. Para el dirigente socialista, “el PP debe frenar cuanto antes su escalada de inspecciones a las cooperativas”, porque “pese a no tener una clara base legal la actuación impulsada por el PP, están dañando gravemente al sector agroalimentario”.
Los socialistas denuncian en sus iniciativas parlamentarias el conflicto generado desde que gobierna el PP como consecuencia de las inspecciones impulsadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a las cooperativas agroalimentarias en su actividad de distribución como detallista de gasóleo agrícola a tipo bonificado del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y respecto a los medios de pago utilizados al efecto, que están obligando a dichas cooperativas a una regularización de la cuota del impuesto que a veces exceden importes de 600.000 euros.
Sin base en la propia Ley ni en el Reglamento de Impuestos Especiales
Se trata de unas actuaciones ordenadas por la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales en las que se rescata una parte de la Consulta Vinculante de 2006 que exige, “sin tener base ni en la propia Ley ni en el Reglamento de Impuestos Especiales” -argumentan los socialistas-, que la tarjeta-gasóleo bonificado se utilice no sólo como medio de pago del gasóleo bonificado, que es a lo que obliga esta normativa, sino también en el momento en que se retira el producto del poste produciendo el suministro.
Las regularizaciones del Impuesto que generan estas cuestionadas inspecciones suponen un auténtico riesgo de paralización de la actividad de estas cooperativas en Comunidades Autónomas como Andalucía, Castilla La Mancha y Asturias, entre otras. En Andalucía, comunidad donde se están centrando las inspecciones, las consecuencias podrían afectar a cerca de 300.000 agricultores y ganaderos y a 50.000 empleos directos.
Los socialistas piden explicaciones al Gobierno por su actuación, e instan a través de su PNL al Ejecutivo, y en especial al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, “a intervenir suspendiendo, con carácter inmediato, las inspecciones aludidas, y dar solución a este conflicto”.
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