El bienestar de los animales durante el transporte ha vuelto a ser tema de debate en el seno de la UE. Dinamarca lo introdujo como punto del orden del día en el Consejo de Ministros de la UE del mes de mayo. Su intención es que la Comisión Europea revise el actual reglamento, para fijar un límite máximo de 8 horas. Ha insistido en que 1 millón de europeos han firmado a favor de dicha iniciativa. Suecia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Alemania y República Checa apoyaron la propuesta danesa.
La Comisión Europea no baraja proponer una reducción de las horas de transporte a matadero. A pesar de que frecuentemente cuando se habla de bienestar durante el transporte, el tema se centra en la duración del mismo, en su opinión, éste no es el factor más importante. Incluso, la Comisión considera que el tema de la duración distrae la atención sobre lo realmente crucial, como es la implementación de la actual normativa y su cumplimiento, así como otras medidas, tales como la mejora de la gestión en los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF), el establecimiento de un programa de certificación de calidad y directrices de buenas prácticas.
La administración española se opone a la limitación del transporte en función de la duración del viaje, más aún, cuando la pretendida limitación se basa en un criterio discriminatorio en función del destino de los animales transportados. Defiende que dichas propuestas no tienen base científica y van en contra con el principio de libre circulación en el mercado interior.
En el pasado Consejo, la Ministra García Tejerina coincidió con la Comisión en que insistir una y otra vez con el tema de limitar la duración del transporte impide centrarse en la forma de trabajo que se ha acordado. Recordó que España trabaja muy activamente con la Comisión y con otros EEMM para avanzar en los trabajos emprendidos con vistas a mejorar la aplicación de la normativa vigente, en particular, la elaboración de guías de implementación, por ejemplo en el caso de los buques de transporte de ganado.
Italia, Portugal, Francia, Irlanda y Rumania apoyan la posición española de que la actual prioridad es centrarse en mejorar el cumplimiento de la actual normativa.
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