El Consejo de Ministros aprobó el viernes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, un Real Decreto que establece los criterios básicos para garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), como herramienta de obligada utilización en la gestión de las ayudas comunitarias, ya que es la base identificativa de cualquier tipo de ayuda relacionada con la superficie.

De esta forma, el Real Decreto integra todas las novedades normativas derivadas de la nueva regulación de la PAC en el nuevo período normativo 2014-2020. Asimismo, recoge algunos aspectos de colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y las Comunidades Autónomas; y entre el FEGA, la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional y la Dirección General de Catastro.

La explotación y mantenimiento del SIGPAC corresponde a las Comunidades Autónomas, aunque la Administración General del Estado, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), tiene atribuidas las facultades ejecutivas, imprescindibles para garantizar su óptimo funcionamiento en el caso de que las comunidades autónomas no dispongan de los medios apropiados para realizar determinadas actividades o cuando sea necesaria la coordinación con otras unidades de la Administración del Estado.