Castilla-La Mancha ha publicado ya los planes de gestión de 41 espacios protegidos que forman parte de la Red Natura 2000 de la región y que cuando alcancen a la totalidad de la red afectarán a la cuarta parte del territorio autonómico. Dichos planes de gestión definen las restricciones a la actividad humana y, por lo tanto la agraria, que deberán respetarse en beneficio de la conservación de la biodiversidad de estas áreas, pero sin embargo, no está definido si se compensarán tales restricciones.

La declaración de 40 Zonas de Especial Protección con sus correspondientes planes de gestión publicados en el Diario Oficial son el primer gran envite de importancia que la Consejería de Agricultura ha hecho para cumplir el imperativo de la UE de identificar, catalogar y proteger aquellos espacios cuyo patrimonio natural les hacen merecedores de ser incluidos en la Red Natura 2000. Cuando el proceso finalice con la declaración como Zona de Especial Conservación (ZEC) de toda la Red de Castilla-La Mancha, la afección se extenderá a 1,9 millones de hectáreas, muchas de ellas de carácter agrario, ocupando un 23 % del territorio de la región. La declaración como ZEC conlleva la aprobación del plan de gestión del área que, en general, no presentan inconvenientes al mantenimiento de las actividades agrarias de uso tradicional en las condiciones de la situación precedente. Sin embargo, en las zonas de máxima protección se podrían llegar a impedir entre otras actuaciones: la apertura de pozos, conversiones a regadíos, la construcción o ampliación de estructuras agrarias, tendidos eléctricos ligados al sector primario, el cambio de cultivos herbáceos a leñosos, instalación de nuevas industrias agroalimentarias, cercamientos y vallados, etc. En el resto de la zonificación que contemplan los planes, de protección intermedia y menor, se podrían autorizar dichas actuaciones pero sometiéndolas a la valoración previa de las autoridades ambientales según los casos.

Unión de Uniones se dirigió en su momento a la Consejería de Agricultura para requerir que este tipo de limitaciones se asentarán sobre criterios técnicos sólidamente evaluados; ya que parcelas de aprovechamiento agrícola o ganadero que queden incluidas dentro de la zona de máxima protección pueden ver, con la entrada en vigor de los planes de gestión, limitadas sus potencialidades de ampliación o reconversión situándoles en una posición de desventaja sobre explotaciones vecinas que han quedado fuera de la Red Natura 2000.

La manera de evitar esto, a juicio de la organización, es que los presupuestos destinados al mantenimiento de la Red fueran tan ambiciosos como los objetivos de conservación perseguidos y que los titulares afectados cuenten con ayudas compensatorias cuando su actividad se vea alterada o que se vean obligados a adoptar ciertas medidas en sus explotaciones en beneficio de la conservación del patrimonio natural amparado por la Red Natura 2000. Unión de Uniones, en las alegaciones presentadas al Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha pidió la inclusión de este tipo de ayudas compensatorias, así como otras medidas de desarrollo rural que promocionen la valorización de los recursos medioambientales y contribuyan al progreso de estas zonas.