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El cultivo del arroz en España, en peligro

09/06/2015

Por todos es sabido que el arroz es el cereal de mayor importancia en el mundo ya que es uno de los alimentos más consumidos en la dieta humana. Es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial.

Pero además, el arroz forma parte de la cultura y tradición de numerosos pueblos y civilizaciones, siendo símbolo de identidad cultural. De ahí que el cultivo del arroz sea más importante de lo que mucha gente cree, tanto a nivel económico como a nivel social y cultural.

El arroz se cultiva en España en tres zonas fundamentalmente: el delta del Ebro, en las marismas del Guadalquivir y en las Vegas del Guadiana. Y de forma testimonial en Castilla La Mancha, La Rioja, Murcia, Islas Baleares y Navarra. En Extremadura se cultiva unas 26.000 hectáreas, lo que supone en torno al 20% de la superficie a nivel nacional. Estas cifran nos dan una idea de la importancia de este cultivo para la economía de nuestra región.

Pero desde hace unos años hasta ahora las superficies dedicadas a este cultivo están disminuyendo de forma considerable por el cúmulo de varios factores que causan la falta de rentabilidad del agricultor arrocero, lo que supone la desilusión y el abandono de este cultivo.

Los precios que los industriales arroceros pagan al agricultor son inestables y la mayoría de las veces no cubre los gastos que supone este cultivo, que son cada vez mayores. Estos precios son calculados al revés de lo que sería lo lógico. Aclaro esto. Cuando se produce un producto, el precio de venta es el resultado del coste de fabricación, más el de procesado, más el de envasado y así sucesivamente hasta que llega al punto de venta final. Pero en el arroz, al igual que en muchos productos de alimentación, el precio viene impuesto por las empresas distribuidoras que fijan el precio de compra referenciándolo al precio de importación del arroz.

De esta manera pagan al industrial arrocero, que es el eslabón por debajo de la distribución europea o española, lo que pagan por un arroz importado de terceros países cultivado bajo ¿qué condiciones? y tratados ¿con qué productos? Y claro, este industrial sigue haciendo la cuenta al revés con el siguiente eslabón, que es el agricultor, restando para que le salgan favorables los números, sus gastos de producción, cuyo resultado baja el precio que paga al agricultor. Y no teniendo en cuenta para el cálculo del precio del arroz europeo los gastos de producción y normas exigidas por los reglamentos europeos, que van cambiando año tras año.

A este problema contribuye la escasa información que se ofrece en el etiquetado de los productos alimenticios, salvo en las carnes frescas desde el 1 de abril pasado, que al mismo tiempo provoca engaño al consumidor, puesto que no tiene información de la procedencia exacta del arroz, de quién lo ha producido, en qué condiciones y con qué se ha tratado contra plagas y enfermedades.

Por ello sería necesario legislar desde Europa para que los etiquetados fueran más clarificadores. De esta manera el consumidor estaría informado de lo que compra. Así, los productos de origen europeo y los foráneos podrían comercializarse de forma distinta, con precios distintos, y el consumidor sería libre de comprar un arroz producido en su país bajo normativas de todo tipo -sanitarias, agrarias, laborales, etc.- o de comprar un arroz de importación producido a miles de kilómetros y de forma totalmente distinta. Es así, por que en Europa solo se produce arroz en algunos países mediterráneos como Italia, España, Francia y Grecia, cuya producción no es capaz de abastecer la demanda de cada país, y mucho menos la europea.

Pero no sólo esto provoca la falta de rentabilidad del cultivo del arroz. Los rendimientos de las cosechas a medida que avanzamos en tiempo están disminuyendo debido a la carencia de herramientas con que se encuentra el agricultor para la defensa del cultivo del arrozal frente a las diversas plagas y enfermedades por las que son atacados. El agricultor cuenta con maquinaria con la última tecnología para realizar buenas labores culturales, cuenta con fertilizantes de alta calidad, cuenta con gran información técnica, pero no cuenta con algo imprescindible como son productos fitosanitarios eficaces para la defensa del cultivo del arroz.

Los laboratorios fabricantes de fitosanitarios, en muchas ocasiones, no siguen fabricando productos o dejan caducar las autorizaciones para ello porque les resulta más cómodo y rentable que sea la Administración la que, por petición popular de los agricultores, concedan ampliaciones de autorizaciones para la fabricación de fitosanitarios. Esta situación suele ocurrir con fitosanitarios que llevan unos cuantos años en el mercado con patentes libres y que son relativamente baratos de adquirir, aparte de eficaces y seguros.

Por otro lado, las normativas europeas en materia de sanidad vegetal están prohibiendo el uso de cada vez más sustancias activas defendiendo que es para preservar la salud humana -se refieren con ello a los agricultores aplicadores- y al medio ambiente. Desde el punto de vista alimenticio, el arroz, al igual que otros alimentos, es sometido a estrictos controles analíticos que garantizan su consumo seguro sin residuos de fitosanitarios.

Los fitosanitarios usados de forma correcta en cuanto a dosis, forma de aplicación, momento oportuno, siguiendo las exigencias de las normativas, usando las protecciones necesarias los aplicadores, teniendo la maquinaria bien reglada, etc. no deben causar daños ni al ser humano ni al medio ambiente. Por este motivo existen normativas como el Real Decreto 1311/2012, de uso sostenible de fitosanitarios, que regulan todo lo referido a los productos fitosanitarios, desde la fabricación y el almacenamiento hasta la venta, la distribución y la aplicación. Es una norma de obligado cumplimiento, con el objetivo de preservar en la medida de lo posible la salud humana y del medio ambiente.

Pero debemos tener claro que un herbicida algo de daño hará a una planta, aunque no sea la planta objeto de controlar. O que un insecticida muy bien no sentará a una abeja si está en la zona de tratamientos. Es lógico. Por esto en las zonas de cultivo donde hay colmenas, se avisan a los apicultores para que las retiren cuando se van a realizar tratamientos fitosanitarios.

Por tanto, creemos que, si existen normativas de este tipo, es necesario que las autoridades sanitarias velen por el estricto cumplimiento de la misma, que para eso están publicadas. Pero es su obligación y responsabilidad permitir y trabajar por la defensa sanitaria de los cultivos. A la fecha a la que estamos no es concebible una agricultura indefensa ante plagas y enfermedades como hace 200 años, y más ahora con la escasez de alimentos que hay en otras regiones del mundo.

Debemos utilizar el sentido común. Por supuesto, emplear materias activas cada vez más respetuosas con el medio ambiente, pero sin desproteger a nuestros cultivos, a nuestros agricultores. Y más aún cuando tenemos legislación al respecto sobre el uso sostenible de fitosanitarios.

Las autoridades en materia de sanidad vegetal deberían hacer honor a su denominación laboral y no permitir la desaparición de cultivos por la prohibición de uso de sustancias seguras y eficaces. Deberían establecer políticas que fomenten más la investigación para desarrollar productos eficaces y respetuosos con el medio ambiente. Pero no sólo a nivel europeo, sino también a nivel mundial. Y defender el establecimiento de criterios similares a nivel mundial, al igual que ocurre con otras sustancias como la emisión de gases contaminantes.

No es justo que haya determinadas restricciones en cuanto al uso de fitosanitarios en Europa y que en otros países emergentes se permita casi todo. ¿O es que el medio ambiente no es igual de importante en todo el mundo? ¿O es que la importancia de la salud de las personas varía en función de la región? Por desgracia, vemos que sí. La disparidad de criterios en el uso de fitosanitarios también causa desventajas en cuanto a costes de producción, provocando mercados con desigualdad de oportunidades.

En definitiva, que existen otras formas de proteger a la sociedad y al medio ambiente de los que todos formamos parte, sin necesidad de retroceder en lo ya andado en cuanto a la sanidad de los cultivos ni entorpecer el libre comercio, sin perjudicar a los agricultores y a consumidores pudiendo avanzar hacia adelante por otros caminos que llevan al mismo destino, tales como la facilitación de información y de transparencia al consumidor acerca de los alimentos que se lleva a la boca.

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