Una ley que se lleva aplicando hace 40 años en Italia ha traído la polémica al sector lácteo italiano y ha enfrentado a ganaderos e industriales. Esta primavera, la Comisión Europea recibió una queja de las industrias lácteas italianas en la que alegaban sentirse penalizadas por una ley italiana que prohíbe a las industrias lácteas, localizadas en Italia, usar ciertos productos, como leche en polvo o leche condensada, en la fabricación de productos lácteos, como el queso.

La Comisión escribió a las autoridades italianas en mayo de 2015, pero hasta la fecha la administración italiana no han respondido. La Comisión inició una investigación, la cual no está relacionada con la calidad de los productos, sino en relación con las normas que imperan en el mercado único europeo.

La ley italiana que prohíbe el uso de leche en polvo en la fabricación de productos lácteos como el queso y yogures, está vigente desde el 11 de abril de 1974.

La polémica ha llegado hasta el Parlamento Europeo y algunos parlamentarios han criticado la postura de la Comisión, que podría poner en peligro la elaboración de productos de gran prestigio, como la mozzarella. La Comisión Europea ha aclarado que los productos amparados con DOP, IGP, ETG, como es el caso de la mozzarella no están afectados por la investigación y que el propio pliego de condiciones de su marca de calidad estable las normas de fabricación.

La organización profesional agraria Coldiretti también ha criticado la postura de la Comisión Europea y ha defendido la ley italiana, ya que mantiene que el uso de la leche en polvo en la fabricación de productos lácteos van en detrimento de la calidad de los mismos.

Con independencia de la influencia que pudiera tener en la calidad del producto, lo que está claro es que esta ley beneficia al ganadero italiano y perjudica a la industria, ya que el promover el uso de leche liquida aumenta las probabilidades de que las fábricas se abastezcan con producción doméstica.

La organización Slow Food, no solo se ha posicionado contra la investigación de la Comisió Europea, sino que pide que esta normativa italiana debería aplicarse de manera obligatoria en toda la UE: