Como al final de cada legislatura, las principales organizaciones ambientales realizan un balance de lo que esta ha supuesto para el avance en las políticas que afectan a la protección de la biodiversidad, el clima o la calidad de vida de los ciudadanos

Las organizaciones ecologistas consideran que durante la legislatura que termina se han producido importantes retrocesos en materia ambiental y se ha perdido la oportunidad para implantar una gestión sostenible de los recursos, impulsar las energías renovables y avanzar en patrones de producción y consumo responsables que favorezcan el empleo verde y de calidad.

La legislatura ha estado marcada por una profunda crisis financiera, económica, social y sobre todo ambiental, debido al impacto creciente del cambio climático y a un déficit ecológico cada vez más grave y evidente. Sin embargo las políticas del Gobierno no han contribuido a solucionar estos grandes retos ambientales.

Para Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, durante estos cuatro años no se ha aprovechado la oportunidad de reorientar el modelo productivo hacia la sostenibilidad ni se han aprobado medidas reales y eficaces que detengan el agotamiento de los recursos naturales ocasionado por su continuo despilfarro, la pérdida acelerada de la biodiversidad, el calentamiento global, la contaminación del agua, el suelo o el aire.

Entre los principales retrocesos en materia ambiental destaca como más emblemática y grave la reforma de la Ley de Costas, pero también el parón al desarrollo de las energías renovables, el impulso a las prospecciones petrolíferas en alta mar, una reforma energética que afianza el oligopolio y el control de las grandes empresas eléctricas, junto al escaso avance en calidad del aire o en el control de sustancias tóxicas.

También son reseñables la falta de financiación de la Red Natura 2000, la consolidación de un modelo agrícola intensivo y dañino para la biodiversidad y el medio ambiente, una planificación hidrológica que mantiene la sobreexplotación del agua, la falta de una auténtica fiscalidad ambiental, la reducción drástica de la ayuda oficial al desarrollo, las trabas para el acceso a la justicia o las medidas aprobadas para limitar y reprimir las protestas ciudadanas.

Entre los avances en materia ambiental destacan los pasos dados en la protección del medio marino mediante la creación de nuevas áreas LIC y ZEPA, el desarrollo de las estrategias marinas, las medidas adoptadas para luchar contra la pesca ilegal (IUU), el cumplimiento de los plazos de la planificación hidrológica y el comienzo de la reorientación de los fondos del agua hacia la depuración, así como la reforma del canon hidroeléctrico.

Las organizaciones ecologistas reconocen el diálogo regular mantenido con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente durante toda la legislatura, pero lamentan que la mayoría absoluta en el Parlamento del Gobierno del Partido Popular haya permitido sacar adelante la mayor parte de las reformas legislativas sin el consenso social y político deseable.