Los agricultores vuelven a ser los grandes perjudicados en el uso del agua por la ineficaz gestión de las administraciones

COAG-Jaén lamenta que sean los agricultores los que tengan que pagar la ineficaz gestión de las administraciones públicas una vez más. En esta ocasión, con respecto a la anulación del permiso para regar a más de 10.500 agricultores de la provincia –lo que afecta a unas 8.500 hectáreas- por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Son siete las comunidades de regantes afectadas por esta sentencia distribuidas en diferentes municipios, que tienen prohibido ahora el riego. Según la sentencia, la Agencia Andaluza del Agua no tiene competencias para otorgar tal adjudicación, con lo que las concesiones quedan anuladas.

Para COAG-Jaén, esta decisión vuelve a suponer un agravio para los agricultores que se ven afectados por resoluciones ajenas a su trabajo, después de haber invertido mucho esfuerzo y dinero. “Nos limitamos a solicitar unos recursos hídricos necesarios para el desarrollo de su cultivo, que además, es el más eficiente en el aprovechamiento del agua”, explica el secretario general de COAG-Jaén, Juan Luis Ávila. Sin embargo, “la rentabilidad de estas explotaciones se va a ver gravemente afectada por falta de coordinación entre administraciones, lo que nos genera una situación de indefensión y de pérdida económica importante”, añade.

Ante esa situación, Juan Luis Ávila subraya que “hay que dejar de mezclar política y gestión del agua”. Es lo que la organización viene defendiendo desde el nacimiento de CREA (Confederación de Regantes de Andalucía), ya que los recursos hídricos son de tal importancia que no podemos estar a expensas de uno y otro color político. El fin de esto es que, a muchos agricultores que han realizado importantes muchas inversiones en instalaciones de riego, les generará un daño que será irreparable a no ser que se volviese a tener la misma agua. Por ello, COAG pide una mayor responsabilidad a las Administraciones públicas, dejando a un lado intereses políticos.

Por este motivo, desde COAG-Jaén se exige a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y también al Gobierno central la mayor premura posible para volver a gestionar los expedientes de riego que han quedado anulados por la justicia. Además, considera que la Administración pública debe valorar los costes de los continuos cambios a los que se han visto sometidos los regantes debido a la mala gestión y a la mala gestión y continuos cambios del organismo competente para conceder las licencias necesarias. “Hay que dejar claro que la responsabilidad en todo este proceso es de la Administración, no del agricultor, que es ajeno a todo ello, pero que ahora es el mayor afectado”.

Desde COAG-Jaén y CREA-Jaén, se ponen a disposición de las comunidades de regantes su equipo técnicos y jurídico con el fin de resolver los nuevos expedientes que se deban tramitar para resolver este conflicto, así como para gestionar los riegos extraordinarios que precisen estas comunidades afectadas.