La Comisión Europea ha presentado nuevas disposiciones sobre abonos orgánicos y obtenidos de residuos en la UE, como primera medida del paquete de la economía circular.
La reutilización de materias primas que actualmente se eliminan como residuos es uno de los principios clave del paquete de la economía circular adoptado en diciembre de 2015. La Comisión propone un reglamento que facilitará en gran medida el acceso de los abonos orgánicos y obtenidos de los residuos al mercado único de la UE, poniéndolos en igualdad de condiciones con los abonos inorgánicos tradicionales. De este modo se crearán nuevas oportunidades de mercado para las empresas innovadoras, reduciendo al mismo tiempo el volumen de residuos, el consumo de energía y los daños al medio ambiente.
El Reglamento establece normas comunes sobre la conversión de biorresiduos en materias primas que pueden utilizarse para fabricar fertilizantes. En él se definen los requisitos de seguridad, calidad y etiquetado que deben cumplir todos los productos fertilizantes para ser objeto de libre comercio en toda la UE. Los productores tendrán que demostrar que sus productos cumplen dichos requisitos y se ajustan a los límites de contaminantes orgánicos, contaminantes microbianos e impurezas físicas antes de colocarles el marcado CE.
La nueva normativa se aplicará a todos los tipos de abonos a fin de garantizar el máximo nivel de protección del suelo. El Reglamento fija límites estrictos para el cadmio en los abonos fosfatados. Los límites se harán más rigurosos, pasando de 60 mg/kg a 40 mg/kg después de tres años y a 20 mg/kg al cabo de doce años, reduciéndose así los riesgos para la salud y el medio ambiente.
Como algunos fertilizantes no son producidos o comercializados con carácter transfronterizo en grandes cantidades, la Comisión propone la armonización facultativa: el fabricante puede, en función de su estrategia comercial y del tipo de producto, optar por colocarle el marcado CE, haciendo posible su libre comercio en el mercado interior conforme a normas europeas comunes, o venderlo con arreglo a normas nacionales basadas en el reconocimiento mutuo en el mercado único. Esto garantiza que se tengan en cuenta los principios de la mejora de la legislación y la subsidiariedad.
Contexto
El actual Reglamento sobre abonos de 2003 garantiza la libre circulación en el mercado interior de los abonos inorgánicos convencionales, que suelen ser obtenidos de la minería o producidos por procedimientos químicos. Estos procesos consumen energía y generan mucho CO2. El ámbito de aplicación del actual Reglamento sobre abonos no incluye fertilizantes innovadores obtenidos a partir de materiales orgánicos. Por esta razón, su acceso al mercado único depende del reconocimiento mutuo entre los Estados miembros y, debido a la divergencia de las normas nacionales, resulta a menudo difícil.
El actual Reglamento sobre abonos no aborda las preocupaciones medioambientales derivadas de la contaminación de los suelos, las aguas continentales, las aguas marinas y, en última instancia, los alimentos a través de los abonos.
En la actualidad, la investigación, la innovación y la inversión se desarrollan rápidamente, contribuyendo a la economía circular; se crea empleo local y se genera valor añadido a partir de recursos secundarios que, de otro modo, habrían sido eliminados como residuos.
Las oportunidades de mercado de las empresas que producen fertilizantes orgánicos son significativas. Hoy en día solo el 5 % de los biorresiduos se reciclan. Según las estimaciones, si se reciclasen más biorresiduos, podrían sustituir hasta el 30 % de los abonos inorgánicos. Cada año, la UE importa alrededor de 6 millones de toneladas de fosfatos, cuando podría sustituir hasta el 30 % de este total por su extracción a partir de lodos de depuración, residuos biodegradables, harina de carne y huesos o estiércol.
Próximos pasos
El proyecto de Reglamento se enviará ahora al Parlamento Europeo y al Consejo, que deben adoptarlo. Una vez adoptado, será directamente aplicable, sin necesidad de transposición en Derecho nacional, tras un período transitorio para que las empresas y las autoridades públicas se adapten a la nueva normativa.
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