La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en el marco de una jornada organizada en la sede del Congreso de los Diputados por Podemos sobre la Ley de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural, ha pedido la unión de las fuerzas políticas en pro del medio rural.

Unión de Uniones ha participado en un debate sobre la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural (Ley 45/2007) celebrado ayer en la sede del Congreso. Auspiciado por Podemos, en el encuentro se han puesto sobre la mesa los frenos y límites que, según los participantes, han provocado l, prácticamente nula aplicación de esta ley desde su aprobación, y como superarlos en el futuro.

Juan Manuel Palomares, miembro de la Ejecutiva de Unión de Uniones, durante su intervención, ha destacado su complejidad, la duplicidad de competencias en las distintas administraciones implicadas y la confusión de objetivos debido al amplio abanico de políticas que pretendieron abordarse; lo que unido a que la Ley vio la luz, en la cuna de una crisis económica y de recortes, la condujo a la vía muerta.

Asimismo, ha señalado que la aplicación de la Ley no puede conformarse con apropiarse de las medidas y presupuestos de otras estrategias, como los Programas de Desarrollo Rural, sino que debe complementarlas y reforzarlas con recursos adicionales, seleccionando mediante consenso de las administraciones implicadas las más acordes con los objetivos de desarrollo sostenible y las áreas de atención más urgente. “La política de desarrollo rural transciende de la propia Ley, que no puede abordar su intervención como un riego a manta transversal a todo, porque ni contará con medios para ello, ni debe interferir en aquello positivo de políticas ya consolidadas y reguladas; sino que debe actuar como un riego de apoyo por goteo donde más se necesite”, ha expresado Palomares.

La organización, además, ha puesto el foco en la necesidad de trabajar codo con codo con los agricultores y ganaderos y, particularmente, los profesionales en los que se puede confiar para la sostenibilidad del desarrollo, porque ofrecen la base de una economía productiva y con vocación de permanencia en el territorio.

Al margen de que la aplicación de la Ley, si llega a desarrollarse, pueda apuntalar actuaciones prioritarias de las políticas agrarias y medioambientales en áreas rurales a revitalizar, su verdadero papel protagonista debería asumirlo en reducir las carencias de las pequeñas poblaciones sobre todo en infraestructuras y servicios básicos (educación, sanidad, transporte, comunicaciones…) y superar así la brecha de desigualdad que separa a estos ciudadanos de los habitantes de los núcleos urbanos.

“Esta Ley tiene que ser la punta de lanza de una política valiente para el mundo rural” – sentencia Juan Manuel Palomares – “Y se trata impulsar, desde el acuerdo de todas -o al menos del grueso- de las fuerzas políticas, un Pacto de Estado para el Mundo Rural, que ponga las necesidades de sus habitantes en la agenda del futuro Gobierno y del Legislativo” – finaliza. La organización está en estas semanas reuniéndose con los Grupos Parlamentarios con el fin de recabar apoyos para la celebración de un Debate anual en el Senado sobre el Estado de la Agricultura y el Medio Rural.