La Dirección General del Catastro se ha comprometido, en una reunión en Madrid con Unió de Pagesos, a trabajar en diferentes líneas para evaluar, por un lado, el alcance de las sobrevaloraciones catastrales de las construcciones agrarias denunciadas por el sindicato y, por otra parte, para transmitir la necesidad de adecuar las valoraciones efectuadas por las autonomías en los impuestos relacionados con las transmisiones patrimoniales, así como la de modificar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) rústicos para ajustarse a los principios tributarios y constitucionales la incorporación de las valoraciones de las construcciones agrícolas, ganaderas y forestales en dicho impuesto; esto debe comportar cambios tanto en las reducciones potestativas a las bases imponibles, como en los tipos de gravamen y en las bonificaciones potestativas.

A la reunión asistieron el coordinador nacional de Unió de Pagesos, Joan Caball, junto con José Manuel de las Heras, coordinador estatal de Unión de Uniones, y por parte de la Dirección General del Catastro, la directora general, Belén Navarro , y el subdirector general de Valoración e Inspección, Fernando de Aragón Amunárriz, entre otros. La finalidad era tratar sobre el sistema de valoración de las construcciones indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas ubicadas en suelo rústico, y las graves consecuencias que conllevan las valoraciones catastrales, al realizarse con referencias de valores superiores a los límites legales establecidos en la legislación catastral y tributaria, así como a los principios constitucionales del sistema tributario.

Para Unió de Pagesos, este sistema de sobrevaloración tiene importantes consecuencias en el conllevar pagos indebidos del campesinado y silvicultores en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles rústicos y en los impuestos de transmisiones patrimoniales (sucesiones, donaciones y compra-ventas), así como en la concesión de becas universitarias y en la desvirtuación de las bonificaciones fiscales establecidas en la Ley (estatal) 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias a favor de las explotaciones catalogadas como prioritarias.

El sindicato denunció que los sistemas utilizados por la Dirección General del Catastro para valorar estas construcciones, tanto si se efectúan como consecuencia de una valoración colectiva urbana o rústica, o como consecuencia del procedimiento de regularización catastral 2013-2016 , se han estado llevando a cabo desde 2007 de forma contraria a lo establecido en el artículo 31.1 de la Constitución Española y en el artículo 3 de la Ley General Tributaria (estatal) 58/2003, de 17 de diciembre, a el apartarse de la capacidad económica de los titulares de las construcciones y de los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad y distribución equitativa de la carga tributaria, así como de proporcionalidad y respeto de los derechos y garantías de los agricultores y silvicultores. Fuente: UP