El director de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero, presentó ayer, en una reunión del grupo de trabajo del Consejo Asesor de la Agencia, el informe elaborado por AICA en colaboración con el centro de investigación CREDA, sobre regulaciones de las prácticas comerciales en la cadena alimentaria en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea.

En este contexto, España se sitúa como país pionero en implantar una regulación específica para la cadena alimentaria y líder en la Unión Europea en la creación de una normativa propia para el sector.

Mediante la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, España inició el camino en la Unión Europea para la regulación de las relaciones comerciales en la cadena alimentaria. La normativa española ha servido como modelo a los países de la Unión, que han establecido normas similares en sus respectivos Estados, con el objetivo de lograr el equilibrio en las relaciones comerciales.

En concreto, los países que tienen modelos similares al español son Alemania, Eslovaquia, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y República Checa. Cinco de ellos (Eslovaquia, Italia, Reino Unido y República Checa, además de España), cuentan con una normativa específica para el sector, mientras que los otros tres disponen de leyes genéricas que se aplican a diferentes sectores económicos y no son exclusivas para la cadena alimentaria.

Además, en Eslovaquia, Francia, Portugal y Reino Unido existe un organismo específico similar a la Agencia de Información y Control Alimentarios de España, como autoridad de control.

INSPECCIONES DE AICA

El informe destaca igualmente que la legislación española ofrece cobertura a todos los eslabones, además de implementar instrumentos autorregulatorios, a través del Código de Buenas Prácticas Mercantiles.

Asimismo, este estudio subraya la existencia en España de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), un organismo autónomo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que opera como sistema público de garantía del cumplimiento de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. En este marco, AICA actúa tanto ante las denuncias recibidas como por iniciativa propia, y tiene capacidad para proponer sanciones si detecta incumplimientos.

Al mismo tiempo, el informe destaca la labor de AICA por el número de inspecciones realizadas, los casos investigados y las multas propuestas por incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria. De hecho, España es el Estado miembro que más sanciones propone, con una de las cuantías más elevadas de la Unión Europea.

Así, frente a las cerca de 2.000 inspecciones contabilizadas en España, concluidas con 38 expedientes con propuesta de sanción (a cierre del informe), Alemania inició 43 procedimientos; Portugal, 49 y alrededor de 20 en Eslovaquia. Por su parte, en Francia se controlaron operaciones en 3.810 establecimientos de todos los sectores económicos, no sólo de la cadena alimentaria.

En cuanto a las sanciones, la cuantía de las multas en España oscila entre 3.000 y 1.000.000 de euros, mientras que en Francia alcanza los 2 millones y en Alemania un millón de euros. La multa en el Reino Unido puede llegar hasta el 1% de la facturación, y hasta el 10% en la República Checa. En el caso de Portugal, el baremo oscila entre los 750 y los 2,5 millones de euros; y en Eslovaquia, el mínimo es de 1.000 euros y el máximo de 300.000. Las sanciones más bajas corresponden a Italia, con importes que van desde los 500 hasta los 500.000 euros.

Informe