El pago por los servicios de los ecosistemas (PSE) son herramientas que complementan las normativas regulatorias que tratan de incentivar una gestión sostenible del medio ambiente a través de estímulos monetarios. Este tipo de instrumento se está incorporando de modo creciente en las políticas de conservación.

La diferencia entre los PSE y otros instrumentos positivos de conservación, como la certificación o los proyectos integrados de conservación y desarrollo, estriba en su carácter directo. Es decir, se realiza por los beneficiarios y lo perciben los proveedores de estos servicios. Además está condicionado a un beneficio ambiental medible y verificable que no se obtendría sin dicho pago, lo que se denomina adicionalidad.

Sin embargo, aunque la teoría sugiere que estos instrumentos deberían funcionar de un modo eficaz y eficiente entre agentes privados, la realidad sobre el terreno es mucho más compleja, siendo frecuente un financiamiento público completo o parcial que genera un trasvase de renta hacia el sector privado y una limitada adicionalidad ambiental. Por ello, en el que ha participado la Universidad Autónoma de Madrid, ha querido analizar cuáles son las condiciones que favorecen que esta herramienta funcione.

Sus resultados, publicados en PLoS ONE, muestran que un diseño cuidadoso de dichas herramientas, que se ajuste a un servicio concreto, junto con un pago específico sujeto a la condición de que dicho servicio se desarrolle, así como un sistema de seguimiento que verifique los resultados y module los plazos de contratación y pago, favorecen su eficacia.

Diseños concretos y específicos

Los PSE realizados por el sector privado se asocian a actividades concretas ligadas a servicios que afectan directamente a la función de producción de dicho sector, por ejemplo, mantenimiento de calidad del agua en cabecera de fuentes en plantas embotelladoras de agua, emisiones de CO2 en empresas energéticas. Están, por tanto, espacialmente más circunscritos, y suelen conllevar desembolsos de menor cuantía.

A su vez, los PSE realizados por el sector público se asocian a actividades multifuncionales que generan servicios agrupados y no separables (por ejemplo, medidas agro-ambientales).

Según Manuel Ruiz, coautor del trabajo, “los marcos teóricos generales sobre los que se basan los PSE son incompletos y no se adecúan bien a la realidad”, y resalta la importancia de diseños concretos y específicos para cada caso. “En particular, la supuesta mayor eficacia del sector privado frente al sector público no se ve verificada en el caso de los PSE” concluye el investigador. Fuente: UAM Gazette