La ALIANZA UPA – COAG, ya en la reunión mantenida con el Consejero de Medio Ambiente a finales del pasado mes de noviembre, solicitó expresamente que de forma inmediata se resuelvan aquellas solicitudes de indemnización por daños del lobo al Sur del Duero presentadas por los ganaderos por ataques ocurridos en el período de 7 de octubre de 2015 al 30 de mayo de 2016, y que por distintas interpretaciones jurídicas están pendientes de liquidación.

La Orden FYM/461/2016 de 26 de mayo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de aplicación a partir de 1 de junio de 2016, estableció un sistema de pagos compensatorios derivados de los daños producidos por el lobo en explotaciones ganaderas para daños al Sur del Duero, orden que valoramos como muy positiva pues ha supuesto un avance significativo en cuanto al procedimiento y agilidad en los pagos, conforme históricamente se había solicitado desde nuestra Organización. Sin embargo, su publicación se comprometió por parte de la Consejería para la campaña 2014/2015, pero la fue demorando y, como consecuencia de ello y en concordancia con la modificación en septiembre de 2015 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en su artículo 54) 6), ha dejado pendientes de resolución a más de 250 expedientes de solicitud de indemnización por daños en Castilla y León, y por importe conjunto de más de 170.000 €.

La Alianza UPA – COAG considera que el sector ganadero no ha sido el responsable en la demora de la publicación de la citada orden de pagos compensatorios al Sur del Duero, y por tanto tampoco debe ser el que asuma las consecuencias negativas que de ello se pudieran derivarse para el ganadero. Consideramos que existe suficiente amparo jurídico para la aplicación de los Artículos 139) y s.s. de la Ley 30/1992 al respecto de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración en los casos de ataques de lobos al Sur del Duero, así como en el aval que a su aplicación otorga la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de CyL de fecha marzo de 2013 sobre recurso presentado por nuestra Organización al Plan de Gestión del Lobo: La Administración debe asumir las indemnizaciones por ataques de lobo al Sur del Duero.

Así mismo, desde la Alianza UPA-COAG se viene solicitando que desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se establezca un plan de autorización y permisos a los cotos que facilite el cumplimiento del Plan de aprovechamiento cinegético de lobos al Norte del Duero. De los datos que disponemos, el grado de cumplimiento de los cupos autorizados para aprovechamiento cinegético ronda el 55%, lo que ha supuesto en la campaña 2015/2016 que del total de cupo autorizado de 143 lobos, se hayan capturado solamente 82 en aprovechamiento cinegético en Castilla y León.

También desde la Alianza UPA – COAG venimos solicitando, dada la especial problemática y conflictividad por daños en ganadería en determinadas comarcas al Sur del Duero, se proceda de forma inmediata a la extracción de los ejemplares ya autorizados en el objetivo de minorar los daños.

El número total de ataques por lobos comunicados a la Administración en la última campaña cerrada en datos (2015) se eleva en Castilla y León a la nada desdeñable cifra de 1.145, para un total de importe de indemnización de más de 500.000 €. En el año 2016 el número de ataques comunicados se incrementa significativamente, pues ya a fecha 30 de septiembre asciende a 1.323, estando afectadas un total de 2.829 cabezas de ganado.

Por otra parte, desde la Alianza UPA – COAG se solicita de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que la reciente Orden FYM/1009/2016 de 21 de noviembre al respecto de los pagos compensatorios derivados de los daños producidos por las avutardas no debe limitarse exclusivamente a los límites de la Reserva Natural de Villafáfila, sino que se haga extensiva a todo el territorio de Castilla y León. La avutarda es un ave protegida en clara expansión, que ocupa ya gran parte del territorio regional, provocando importantes daños en cultivos, sobre todo en su nacencia, daños que el agricultor no ve nunca compensados.

Así mismo solicitamos una modificación de la Orden FYM/1010/2016 de 21 de noviembre, pues entendemos que los requisitos establecidos en la misma para percibir pagos compensatorios por los daños del oso pardo, como es el de tener instalados pastores eléctricos, dejará fuera de pagos indemnizatorios a la mayoría de los apicultores.

Desde la Alianza solicitamos por tanto una apuesta decidida de la Administración en el necesario control de las especies, así como un compromiso firme indemnizatorio de los daños provocados por la fauna, en especial de aquella con mayor o menor grado de protección. Fuente: Alianza UPA-COAG