El pleno del Parlamento Europeo vota hoy
el acuerdo comercial entre la UE y Canadá, conocido como “CETA” por sus siglas
en inglés. La comisión parlamentaria de Comercio Internacional ya dio su visto
bueno el pasado mes de enero. Si los eurodiputados dan su consentimiento final
en esta sesión plenaria, el acuerdo podrá aplicarse de manera provisional en
abril.
El comercio entre la UE y Canadá supuso el 63.500 millones de
euros en 2015, y se calcula que esa cifra podría llegar a experimentar un
crecimiento de alrededor de un 20 %.
El CETA eliminará la mayoría de los derechos de aduana entre la
UE y Canadá, excepto los que se cobran en servicios públicos, servicios
audiovisuales y de transporte y algunos productos agrícolas.
También ampliará el reconocimiento mutuo de la certificación para
una amplia gama de productos, desde los eléctricos a los juguetes.
¿A quién beneficiará el CETA?
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Compañías
Las empresas de la UE que quieran expandirse hacia el mercado
canadiense lo tendrán ahora más fácil y podrán beneficiarse de procedimientos
simplificados
Con el Acuerdo, las empresas de la UE podrán optar a contratos
públicos a todos los niveles de la administración canadiense, incluida, por
primera vez, la administración provincial, responsable de gran parte del gasto
público.
Canadá creará también una web única de contratación pública
electrónica que combinará la información sobre todas las licitaciones para
garantizar que las empresas de la UE puedan aprovechar las nuevas oportunidades.
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Trabajadores
Será más fácil para ciertos profesionales de la UE proporcionar
servicios legales, contables, de ingeniería, arquitectónicos o similares en
Canadá. El CETA proporciona un marco para la UE y Canadá para reconocer
mutuamente los títulos y la formación en tales profesiones. También facilitará a
las empresas el traslado temporal de personal al otro lado del Atlántico.
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Consumidores
La apertura de los mercados tiene el potencial de mantener los
precios bajos y dar a los consumidores más opciones.
Protección de los productos de la UE
La UE podrá exportar casi el 92% de sus productos agrícolas y
alimenticios a Canadá sin aranceles.
Sin embargo, la denominación de origen de los productos de la UE
está protegida por el CETA. Canadá ha acordado proteger 143 indicaciones
geográficas de la UE. Hasta 27 productos españoles tendrán una protección
especial en virtud del acuerdo. Los turrones de Jijona y Alicante, Guijuelo, Los
jamones de Huelva y Teruel o las salchichas Vic y el azafrán manchego, entre
otros, mantendrán su lugar único en los mercados de ambos lados del Atlántico.
Garantías
Todas las importaciones de Canadá deben cumplir las normas y
reglamentos de la UE.
El CETA no reducirá ni cambiará las normas existentes en la UE en
materia sanitaria, medioambiental, social y de seguridad. Tampoco reducirá los
derechos de los consumidores. No cambiará las normas de seguridad alimentaria de
la UE, incluidas las relacionadas con los organismos genéticamente modificados o
la prohibición de la carne tratada con hormonas.
El acuerdo no cubre los servicios públicos, por lo que los
Estados miembros podrán mantener los monopolios públicos y seguir decidiendo qué
servicios (suministro de agua, salud, educación…) quieren mantener y cuáles
quieren privatizar .
Resolución de litigios de inversión
En respuesta a la presión parlamentaria, el controvertido
mecanismo de solución de controversias entre inversores y estados (ISDS)
-considerado un sistema privado basado en las elecciones de las empresas- fue
reemplazado por el sistema de tribunales de inversión (ICS), cuyo objetivo es
garantizar el control gubernamental sobre la elección de árbitros
El nuevo sistema de tribunales de inversión será público,
no se basará en tribunales temporales y tendrá jueces profesionales e
independientes designados por la UE y Canadá.
Transparencia
El texto del acuerdo con Canadá ha estado integralmente
disponible en línea durante los últimos dos años, después de concluir las
negociaciones en Ottawa el 26 de septiembre de 2014.
El CETA fue declarado además “acuerdo mixto”, por lo que
además del consentimiento del Parlamento Europeo, necesita ser ratificación por
los parlamentos nacionales y regionales. Lo que en la práctica supone que tendrá
que superar un proceso de profundo escrutinio.
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