Las cooperativas agrarias de Castilla y León, representadas en Urcacyl, han mostrado su perplejidad por las declaraciones realizadas ayer por asociaciones y colectivos patronales y sindicales acerca de las estaciones de servicio, y quieren aclarar ciertas informaciones no correctas aparecidas en los medios.
Las cooperativas agrarias son entidades asociativas de los agricultores y ganaderos de la región, cuyo objetivo es dotar de los servicios y suministros que precisan las explotaciones agropecuarias de sus socios y del entorno en el que se ubican, el medio rural, muchas veces falto de los servicios mínimos imprescindibles para el desarrollo de numerosas actividades, lo que conlleva el abandono y la despoblación.

Si hay un grupo de empresas, implicadas en dotar de servicios en este entorno son las cooperativas agrarias, que crean actividad y empleo allí donde otros no quieren invertir. Además, por su propia esencia, no se deslocalizan, lo que es garantía de empleo para estas comarcas. Por tanto las cooperativas agrarias son unos instrumentos imprescindibles para frenar la despoblación y el desempleo en nuestra región, lo que deben ser objetivos prioritarios para todos los agentes políticos y sociales de CyL. Y como tal se reconoce en el artículo 129.2 de la Constitución y del Estatuto de Autonomía.

Por tanto, las cooperativas agrarias ofrecen al consumidor un suministro de carburantes cercano y a un precio competitivo, debido a la compra agrupada de la materia prima y repercutir parte de ese ahorro al consumidor.

No existe ningún otro motivo por el que el precio sea más bajo, pues se cumple estrictamente con la normativa nacional de seguridad industrial y de distribución de hidrocarburos, que expresamente permite el ejercicio de esta actividad a las cooperativas agrarias.

Es más, en buena parte de los casos, las instalaciones cuentan con mecanismos de seguridad superiores a los exigidos por la instrucción técnica MI-IP04 del Ministerio de Industria, con circuitos cerrados de Tv o interfonos, extinción automática de incendios o mecanismos de parada de emergencia.

Igualmente sucede en materia fiscal, pues las cooperativas no reciben ningún trato favorable de la Administración ya que las operaciones con terceros no socios tributan al tipo General de Sociedades, como el resto de instalaciones.

Por otra parte, estas instalaciones están plenamente adaptadas a su uso por personas discapacitadas que exigen, reiteradamente, accesibilidad para su propio manejo y no la disponibilidad de una persona que les atienda, pues ello aumenta su dependencia.

En este sentido también cabe aclarar a qué se llama estación atendida. Se denomina así a una instalación en la que hay personal pero que no suministra el carburante, sino que, habitualmente se dedica a atender la tienda y a cobrar el carburante, si es en horario diurno, o simplemente a lo segundo en el horario nocturno. En ningún caso, en horario nocturno, esa persona atenderá al cliente si este lo precisa, sea discapacitado o no y por tanto tampoco es imprescindible la presencia de una persona en la instalación.

Este punto es al parecer el que más problemas genera entre asociaciones de estaciones de servicio y sindicatos, alegando pérdida de puestos de trabajo. Sin embargo, mucho antes de publicarse esta ley en CyL, la pérdida de puestos de trabajo ha sido continua y sistemática en los últimos años. Prácticamente todas las instalaciones han pasado a ser de autoservicio, y supuestamente atendidas en la forma descrita antes. Esto ha supuesto la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Todos los clientes somos conscientes de la reducción de esta atención en los últimos 10 años. No cabe por tanto ahora lamentar un daño que lleva muchos años produciéndose y achacarlo a la reciente normativa.

Por último, desde Urcacyl desconocemos porqué se está dando este enconamiento con Castilla y León y en especial con las cooperativas del medio rural. Otras autonomías ya han tenido que anular las normativas que obligaban a la presencia de personal, como es el caso de Aragón y Baleares. Otras también han asegurado que no legislarán en este sentido o se ha paralizado totalmente su tramitación como Cataluña, Valencia o Asturias y en otras su aplicación está en punto muerto como Castilla la Mancha, Murcia o Extremadura. Sólo nuestra región ha legislado en forma de ley y sólo en la nuestra se ha puesto en marcha una campaña tan dañina para el medio rural y las cooperativas. Alguien tendría que responder a qué intereses responde esta estrategia, más allá de los argumentos esgrimidos hasta ahora.

Y es que parece aún más extraña esta actitud cuando se ha legislado en contra de la normativa estatal de seguridad industrial, la Ley General de Unidad de Mercado e incluso de algunos artículos de la legislación europea. Territorio europeo, dicho sea de paso, en el que las estaciones desatendidas (totalmente) están permitidas desde hace años, alcanzado importantes cuotas de mercado.

Cabe reseñar que el modelo cooperativo dista mucho del modelo low cost tanto en su ubicación (autovías y ciudades frente al medio rural), objetivos (negocio empresarial frente a servicio), importancia (actividad única frente a una secundaria en el caso de las cooperativas) y empleo (desatendidas 24 h frente a horarios restringidos).

Por todo lo dicho, desde Urcacyl se ha decidido poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular que posibilite la corrección de la normativa regional del Estatuto del Consumidor, y que permita que las instalaciones puedan funcionar, en determinados horarios, como el nocturno, y espacios, como el medio rural, de forma automática. Para ello ya está en marcha la recogida de alrededor de 20.000 firmas, que serán necesarias para llevar el trámite de nuevo a las Cortes regionales para su modificación. Fuente: Urcacyl