ASAJA de Castilla-La Mancha ha dirigido un escrito al Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, y al Delegado del Gobierno en la región, José Julián Gregorio, solicitando una reunión conjunta con carácter urgente, para poder consensuar las medidas que se deben asumir para luchar contra la plaga de conejos, puesto que las competencias en este asunto están divididas y las actuaciones aisladas que se han puesto en marcha no han resultado efectivas.

Por ello, la organización agraria ha exigido a ambas Administraciones que asuman su responsabilidad y ha recordado que eludiéndolas están contribuyendo a que se multipliquen los daños en las explotaciones de los agricultores y ganaderos, además de poner en riesgo la seguridad vial de todos los ciudadanos por los daños de los animales cinegéticos en las infraestructuras y vías de comunicación.

Durante el encuentro con la Delegación del Gobierno en la región con el Comité Ejecutivo de ASAJA CLM hace diez días, el Delegado José Julián Gregorio explicaba que mientras no se declare oficialmente plaga de conejos, no podrán tomar medidas excepcionales. Sin embargo, y a pesar de la solicitud formal por parte de esta organización agraria, la Dirección General de Agricultura y Ganadería entiende que la declaración de plaga “no es una medida adecuada para atajar el problema”.

Respecto a las zonas de dominio público que están bajo la jurisdicción de ADIF y del Ministerio de Fomento, Gobierno central entiende que se están tomando las medidas para evitar la concentración de la especie. Sin embargo, Gobierno regional asegura que “en quiénes recae la responsabilidad de estos daños, y en concreto las zonas más difíciles de abordar, son las zonas de seguridad de ADIF y Ministerio de Fomento”, a quienes “han advertido en numerosas ocasiones sobre su responsabilidad y de la conveniencia de adoptar medidas efectivas, fundamentalmente la instalación de malla conejera”.

Así pues ASAJA de Castilla-La Mancha ha propuesto una reunión conjunta en la que se establezca un protocolo de actuación y se coordinen las medidas excepcionales que se deben asumir. De lo contrario, asegura la organización, quedará en evidencia la voluntad de los que democráticamente gobiernan para solucionar los problemas de los ciudadanos.