Las organizaciones de defensa de la naturaleza se oponen a la idea del Gobierno de volver a presentar en septiembre una proposición de modificación de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad atendiendo únicamente las demandas de determinados colectivos de pescadores y cazadores, entre otros. El cambio normativo, anunciado por la Plataforma en Defensa de la Pesca tras reunirse con la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, el 3 de julio, rebajaría los niveles de protección general frente al problema ambiental y económico que suponen las especies exóticas invasoras.

Ante la proliferación de información, inexacta en algunos casos, las cuatro organizaciones han elaborado un documento que pretende, ciñéndose a la información científica disponible, arrojar luz sobre las especies exóticas invasoras, un problema ambiental que tiene un coste económico para el conjunto de los europeos de más de 12.000 millones de euros anuales según análisis de la Comisión Europea.

Las organizaciones ambientalistas alertan, además, que cambiar la ley podría suponer un acto inconstitucional puesto que solo tendría como objetivo incumplir una sentencia del Tribunal Supremo, motivo por el que ya fue rechazado por la mayoría del Congreso el 20 de junio pasado. Además, no es la solución para los problemas que planean los sectores afectados y, sin embargo, sí supondría un grave retroceso en la lucha contra las especies exóticas invasoras, una de las principales causas de pérdida de biodiversidad del mundo y en España.

Según las ONG, la solución pasa por aplicar la actual legislación y desarrollar las correspondientes estrategias de control y, en su caso, erradicación de las diferentes especies invasoras, contando con todos los agentes implicados y atendiendo a las realidades socioeconómicas de los territorios.

Queda demostrado que el conflicto generado en relación a las especies exóticas invasoras, la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, se ciñe sólo a unas pocas especies que son objeto de explotación comercial, piscícola, cinegética o turística. Y que son, por tanto, estos intereses económicos puntuales los que mueven un cambio en la ley que afectaría no sólo a esas especies, sino a otras muchas.

Además, la actual Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad no obliga a controlar todas las especies exóticas invasoras, sino aquellas que constituyen una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats, los ecosistemas o la agronomía. De esta forma, las especies que se encuentran en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras cuentan con informes del MAPAMA avalados científicamente por el Comité de Especies Exóticas Invasoras que demuestran su peligrosidad para nuestro patrimonio natural.

Las organizaciones ecologistas consideran que la Ley 42/2007 ya contempla todos los aspectos y no debe ser modificada. La Ley incluye flexibilidad suficiente y procedimientos para abordar el control de las especies invasoras y también para descatalogar una especie en el caso de que se demuestre que su impacto es menor. Asimismo contempla cómo levantar las prohibiciones genéricas de posesión, transporte, tráfico y comercialización en el marco de planes de control o erradicación permitiendo en estos planes compatibilizar la conservación del medio ambiente con intereses sociales y económicos.

Las ONG exigen al Gobierno que no modifique la Ley que garantiza la conservación de la biodiversidad en nuestro país y que, en colaboración con las comunidades autónomas, aplique la ley y desarrolle las correspondientes estrategias de erradicación y control de especies invasoras, que es en el marco de estos instrumentos donde se deben tener en cuenta las realidades socioeconómicas y planificar medidas adecuadas a la situación de cada zona y de cada especie en cuestión. También insisten en que estas estrategias deben suponer una oportunidad para facilitar la reconversión de los sectores afectados hacia aprovechamientos sostenibles, recuperando y poniendo en valor los recursos autóctonos, que tienen un enorme potencial para generar alternativas y mayor riqueza para las zonas rurales.