El consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, ha abogado por “establecer un sistema simplificado de registro de bioplaguicidas con el objetivo de reducir los costes y agilizar los trámites administrativos”. Durante su intervención por videoconferencia en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios para abordar el uso sostenible de pesticidas, Sánchez Haro ha explicado que “los costes que actualmente conlleva este registro, de tres millones de euros en algunos casos, hacen que la autorización de este tipo de materias activas sólo esté al alcance de grandes multinacionales”.

Para el representante del Gobierno andaluz, ”al tratarse de sustancias de origen biológico, debería existir un procedimiento más sencillo y fácil que cuando se utilice un fitosanitario químico, caso en el que lógicamente debe haber una serie de estrictos controles previos”. En este sentido, ha defendido que para asegurar la implementación de los principios de gestión integrada, “la investigación y el desarrollo de las nuevas soluciones y herramientas debe ir acompañada de una revisión profunda del proceso de registro de fitosanitarios para adaptarlo a este nuevo escenario y hacerlo más ágil, barato y accesible”.

El titular de Agricultura andaluz ha recordado que Andalucía es un claro ejemplo de cómo alcanzar altos niveles de producción y calidad con una reducción del uso de fitosanitarios mediante otras técnicas, como es el control biológico de plagas. “En los cultivos hortícolas de invernaderos de las provincias de Almería, Granada y Málaga somos líderes en este sistema de producción sostenible”, ha asegurado Sánchez Haro.

Asimismo, ha manifestado que “entendemos que éste es el camino que deben seguir otros cultivos andaluces y para ello es fundamental avanzar en investigación y desarrollo de nuevas herramientas, con soluciones reales para los agricultores”.

Según el consejero, “el uso sostenible y seguro de los fitosanitarios y la aplicación de criterios de gestión integrada de plagas deberían dar lugar a una mínima utilización de fitosanitarios y al empleo estrictamente necesario”.

Y en este sentido, “la formación y el asesoramiento técnicos son los pilares en los que hay que fundamentar estos objetivos de uso sostenible”, ha resaltado.

Andalucía fue pionera en establecer y exigir un sistema de formación para las personas que profesionalmente emplean fitosanitarios y actualmente hay más de 250.000 profesionales con carnet de usuario profesional de este tipo de sustancias, además de más de 5.000 personas inscritas como asesores en gestión integrada de plagas. Este procedimiento consiste en la aplicación racional de una combinación de medidas biológicas, biotecnológicas, químicas, de cultivo o de selección de vegetales, de modo que la utilización de productos fitosanitarios se limite al mínimo necesario.