La Comisión Europea adoptó ayer una Comunicación para responder a la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) «Prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos», que presenta el camino que se va a seguir:
- en respuesta a la Iniciativa Ciudadana, ofrece una explicación detallada de las normas de la UE sobre plaguicidas;
- anuncia una propuesta legislativa para la primavera de 2018 que tiene como finalidad aumentar la transparencia, la calidad y la independencia de las evaluaciones científicas de sustancias, por ejemplo en relación con el acceso público a los datos brutos, y
- anuncia futuras modificaciones de la legislación para reforzar la gobernanza en la realización de los estudios pertinentes, lo que podría incluir, por ejemplo, la participación de las autoridades públicas en el proceso para decidir qué estudios deben llevarse a cabo con respecto a un asunto concreto.
La respuesta de la Comisión a las tres peticiones de la ICE:
1. «Prohibir los herbicidas basados en el glifosato, ya que la exposición a esta sustancia se ha relacionado con el cáncer en humanos y con la degradación de ecosistemas»:
Los Estados miembros son los responsables de la autorización, el uso o la prohibición de productos a base de glifosato en su territorio. En la UE solo se aprueban las sustancias con respecto a las cuales existen pruebas objetivas de uso seguro. Tras una evaluación científica exhaustiva de todos los datos disponibles sobre el glifosato en la que se llegó a la conclusión de que no existe ningún vínculo entre esta sustancia y el cáncer en los humanos, y con el voto favorable de los representantes de los Estados miembros emitido el 27 de noviembre de 2017, la Comisión ha adoptado hoy la renovación de la aprobación del glifosato por un período de cinco años.El presidente Juncker incluyó este asunto en la agenda del Colegio de Comisarios en varias ocasiones, a fin de garantizar la plena propiedad política de la Comisión. Basándose en estos debates políticos, y teniendo en cuenta la posición del Parlamento Europeo, la Comisión decidió reducir la duración de la renovación propuesta de los quince años habituales a cinco, asegurándose así el apoyo más amplio posible de los Estados miembros.
2. «Garantizar que la evaluación científica de los pesticidas sometidos a aprobación reglamentaria en la UE se base exclusivamente en estudios publicados y encargados por las autoridades públicas competentes, y no por la industria de los pesticidas»:
La Comisión está plenamente de acuerdo con que la transparencia en las evaluaciones científicas y en la toma de decisiones es fundamental para asegurar la confianza en el sistema reglamentario de la seguridad alimentaria. Es fundamental mantener y mejorar un sistema de evaluaciones científicas sólido, transparente e independiente. Para la primavera de 2018, la Comisión presentará una propuesta legislativa que abarque estos y otros aspectos pertinentes, como el de la gobernanza de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). La Comisión propondrá modificar las normas actuales para garantizar la disponibilidad pública de los estudios científicos. Los ciudadanos deben poder comprender la manera en que se toman estas decisiones de tan amplio alcance, en las que se autorizan o prohíben determinadas sustancias. La responsabilidad política y el aumento de la transparencia son dos caras de la misma moneda.
3. «Establecer objetivos de reducción del empleo de pesticidas de carácter vinculante en toda la UE, con vistas a un futuro libre de pesticidas»:
La política de la UE está ya orientada a reducir la dependencia de los plaguicidas y lograr un futuro sin ellos, como pide la Iniciativa Ciudadana Europea. La Comisión se esforzará por garantizar que los Estados miembros cumplan sus obligaciones en el marco de la Directiva sobre el uso sostenible y reduzcan la dependencia de los plaguicidas. También se ha invitado a los Estados miembros a que fijen objetivos más precisos y mensurables en sus planes de acción nacionales. Además, para hacer un seguimiento de las tendencias en la reducción de los riesgos del uso de plaguicidas a escala de la UE, la Comisión establecerá indicadores de riesgo armonizados que se sumarán a los indicadores de riesgo nacionales ya existentes. Estos indicadores han de permitir a la Comisión determinar la eficacia de las medidas cuando evalúe futuras opciones de actuación. La Comisión volverá a evaluar la situación sobre la base de los datos resultantes y sopesará la necesidad de fijar objetivos obligatorios a escala de la UE para los plaguicidas.
Próximos pasos:
– Con respecto a la preparación de una propuesta legislativa:en enero de 2018 se publicará un informe sobre el control de adecuación de la legislación alimentaria general, en el que se hará balance de la legislación vigente. También se pondrá en marcha una consulta pública cuyos resultados se tendrán en cuenta al preparar la propuesta que se presentará hacia la primavera de 2018.
– Con respecto a un uso más sostenible de los plaguicidas, la Comisión efectuará un seguimiento, junto con los Estados miembros, sobre la base de un informe publicado el pasado mes de octubre.
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