Se aproxima la fecha para que los contratos suscritos entre los ganaderos de vacuno de leche y las industrias finalicen su vigencia y según establece el Decreto 125/2015, que modifica el Real Decreto 1363/2014, que regula el Paquete lácteo, el receptor de la leche deberá realizar una oferta de contrato por escrito con una duración mínima de un año y la misma deberá presentarse al menos dos meses antes de la finalización del contrato en vigor y en caso de tratarse de una nueva relación contractual, al menos dos meses antes del inicio de las entregas de leche.

La mayoría de los contratos finalizan a 31 de marzo, es decir, dentro de un mes y medio y a fecha de hoy los ganaderos no han recibido ninguna oferta de contrato por escrito y mucho se temen que las industrias vendrán justo antes de la finalización del contrato firmado, para que firmemos la oferta, que por supuesto tendrá una fecha anterior a la fecha en la que nos lo entregan (para así cumplir el Paquete Lácteo) y con el nuevo contrato para que lo firmen todo junto, según UCCL.

La Unión de Campesinos denuncia estas prácticas empleadas por la industria que aún hace al ganadero más esclavo de los intereses de los receptores de la leche, que están esperando a que llegue primavera para que el precio de la leche baje y así ofertar a los ganaderos unos precios más bajos.

Entre las industrias que están incumpliendo la normativa se encuentra Lactalis, multinacional francesa y a la vez dominante en el sector lácteo en España que sin escrúpulos ante los ganaderos españoles y consumidores vuelven a poner en jaque la viabilidad y rentabilidad de las explotaciones ganaderas.

No se puede obviar que los ganaderos de la Unión Europea están percibiendo 37,76 €/100 kg, mientras que en España el precio medio percibido por los ganaderos se sitúa en 31,43 €/100 kg, echo que ha dado lugar que en el último año hayan desaparecido 813 ganaderos en España, 80 ganaderos en Castilla y León, continuando así la “sangrante” desaparición de ganaderos de vacuno de leche que continúan en manos de una industria que impone unos precios, impidiendo que sean negociados libremente entre las partes y conocidos con anterioridad a la firma del contrato, según denuncia la Unión de Campesinos de Castilla y León.