Unió de Pagesos ha presentado una serie de enmiendas al proyecto  de Real Decreto que prepara el Ministerio para modificar las condiciones de la contratación en el sector lácteo, el reconocimiento de las organizaciones de productores (OP) y de las organizaciones interprofesionales del sector productor de leche de vaca, cabra y oveja.

Pide una  reducción del volumen de leche requerido para constituir una OP, bajando de las actuales 200.000 t/año a  50.000 t/año en leche de vaca y de las 30.000 t año a 10.000 t/añoen el caso de la leche de oveja y cabra. Las elevadas cifras actuales requeridas dificultan la constitución de las mismas.

Otra de las demandas de la UP es que se tenga muy en cuenta, los costes de producción de la leche a la hora de fijar precios en los contratos.La contratación para la venta de leche entre productor y primer comprador suele darse, demasiado a menudo, en condiciones poco equitativas, y más desde el fin de las cuotas lácteas en 2015, según destaca la Unió de Pagesos. No consideran aceptable la desventaja que tiene el productor respecto del comprador, en los posibles contratos que puedan incluir cláusulas para compartir pérdidas y ganancias: la información y la transparencia no es equilibrada entre las dos partes contratantes y la capacidad económica de los productores de leche, después de la extensa crisis de precios que ha sufrido el sector, no es comparable con la solvencia de las empresas compradoras.

Además, Unió de Pagesos rechaza la propuesta ministerial que basa el precio pagado al productor en el 50% de la media mensual publicada, ya que este precio es la media del precio declarado por las empresas durante un mes, es orientativo, no garantiza que ajuste a la realidad, ignora la lógica variabilidad de precios dentro del mismo sector, y no tiene en cuenta los factores objetivos que hay que utilizar para prever la marcha del mercado, y según ésta, orientar los precios.

El sindicato reivindica que las ofertas de contrato de tres meses de duración deban declararse obligatoriamente a la autoridad competente, tal como ha sido establecido hasta ahora, ya que las administraciones deben poder controlar e intervenir, si es necesario, cuando comprueben que los contratos de tres meses, que deberían ser pocos y excepcionales, se conviertan en la norma. La regulación establece como norma general una duración de un año para los contratos lácteos. El sindicato también defiende la obligación de que los compradores declaren la compra de leche fuera del Estado a fin de mejorar la transparencia del mercado.

En cuanto a la fianza de 150.000 euros que el Ministerio de Agricultura quiere imponer a determinados primeros compradores de leche de vaca, para evitar posibles impagos a los productores, la UP pide que el valor de ésta sea proporcional al volumen y / o valor que gestiona el comprador, y que no queden exentas, como pretende el Ministerio, las empresas que transforman leche en instalaciones propias o que únicamente venden a empresas transformadoras que pertenecen al mismo grupo empresarial.