La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA de Castilla-La Mancha, se ha reunido con la Junta de Gobierno de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas de la Masa de Agua Subterránea Lillo-Quintanar, donde se han abordado diversos temas que afectan a los agricultores y ganaderos de la zona. En concreto se han referido a la admisión a trámite del Recurso Contencioso-Administrativo por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha contra el Plan de Extracciones del año 2018 presentado por la Comunidad de Usuarios Lillo-Quintanar.

Julián Morcillo, secretario general de UPA Castilla-La Mancha, acompañado de Elisa Fernández, secretaria general de UPA Toledo y David Manzanares Fernández, presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas de la Masa de Agua Subterránea Lillo-Quintanar han ofrecido una rueda de prensa posterior a la reunión que han mantenido los responsables de ambas entidades en la sede de la CUAS.

El secretario general de UPA CLM ha destacado la actitud valiente de la Junta de Gobierno que aún siendo un ente de dominio público, “antepone los intereses de los regantes y lucha por ellos”, remarcando además, que “sería bueno que esta actitud se trasladara al resto de masas de agua”. Morcillo ha explicado que los Planes de Extracción condicionan a los agricultores y ganaderos de la región y su futuro. Algo que también ha destacado David Manzanares quien ha explicado que son muchos los agricultores que habían hecho las inversiones en sus explotaciones para luego encontrarse con que se les reduce la dotación de agua, “esto parece más una expropiación encubierta”.

El presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas de la Masa de Agua Subterránea Lillo-Quintanar ha agradecido el interés y el apoyo de la UPA en la región y ha explicado el recurso que se planteó  al no estar de acuerdo ante ciertas actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. En concreto ha señalado la reducción en las dotaciones de agua que supuso el último Plan que se recurrió en fechas recientes, “unas reducciones que pasan a 2.200 m3/ha en herbáceos; mientras que en leñosos pasa a 1.500 m3/ha”.

Por su parte, Julián Morcillo ha señalado que esta actuación va en la línea que ha defendido UPA en los dos anteriores procesos de planificación donde fue la única organización agraria que se oposuo a ellos, presentando un voto particular explicando los motivos. Además, ha recurrido y está visto para sentencia, el Plan de Cuenca del Guadiana aprobado en 2016 junto a otras 23 comunidades de regantes del Alto Guadiana. Esta actuación está motivada por un proceso de planificación que “adolece de suficiente rigor técnico con bailes de cifras de superficie de regadío legal; con perímetros aleatorios de las masas de agua establecidos sin ningún criterio técnico. Y, sobre todo, con una estimación a la baja de los recursos disponibles que no refleja la situación real de los acuíferos”.

Finalmente, ambos responsables de UPA y la CUAS Lillo-Quintanar han denunciado que esta situación de falta de acceso al agua condiciona el futuro de muchos jóvenes. Limitaciones que impiden el acceso al agua a jóvenes que quieren incorporarse al sector agrario pues reducen los derechos legales de los regantes y, además, establecen el mercadeo con derechos de agua, un bien declarado público que se debería repartir con criterios sociales.