Los precios del gasóleo agrícola estén creciendo a un ritmo muy superior al que lo hace la cotización del crudo. Entre julio y octubre de este año, el barril de petróleo OPEP se ha incrementado en un 11 %, mientras que en el mismo período el gasóleo agrícola ha pasado de un promedio de 0,679 €/litro a los 0,961 €/litros de ahora, con muchas zonas en donde supera el euro y un incremento del 41,5 %, según ha analizado Unión de Uniones.

Los precios del gasóleo B, utilizado en la maquinaria y los motores agrícolas han subido de golpe en estos últimos cuatro meses hasta los niveles más altos de su historia, que se dieron en el verano de 2012, cuando se desató la crisis de gasóleo. Ahora, al agricultor le cuesta llenar el depósito del tractor (unos 300 litros) el equivalente a media tonelada más de cebada de lo que costaba en julio, según los cálculos de Unión de Uniones.

El encarecimiento del precio del gasóleo ha coincidido on el anuncio del gobierno del aumento de los impuestos a los combustibles diésel. En el precio del gasóleo agrícola, aproximadamente la cuarta parte son impuestos; aunque en determinados momentos ha llegado a representar el 50 %. El IVA, el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), que grava simultáneamente con un tipo general de 78,71 €/1.000 litros; un tipo especial de 6 €/1.000 litros y un tipo autonómico variable, a decisión de las CCAA, entre el “0”, que aplica la mayoría, hasta 12 €/1.000 en alguna de ellas.  A partir del 1 de enero de 2019 el IEH se incrementará debido a que el tipo autonómico de este impuesto es asumido por un tipo especial de 18 €/1.000 litros en toda España.

Unión de Uniones recuerda que el pasado año, el Gobierno rebajó la cuantía de la devolución del tipo general del IEH, ya que no se reembolsa el total, sino solo la cantidad de 63,71 €/1.000 litros. Además, señala la organización, hay que tener en cuenta que más del 70 % del gasóleo B no se beneficia de dicha devolución.

Unión de Uniones considera que la fiscalidad del gasóleo para uso de los profesionales agrícolas debe revisarse, mediante la aplicación de un tipo cero del IEH y la rebaja del IVA al tipo reducido permitido por la normativa europea; además de someter a las empresas distribuidoras de combustibles a una vigilancia activa contra posibles prácticas anticompetitivas.