La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) confía en que el Ministerio para la Transición Ecológica termine finalmente por desarrollar distintas normas técnicas de seguridad para presas y balsas, después de cimentar con acierto una normativa diferente para unas y otras; tal y como ha expresado su presidente, Andrés del Campo, durante una jornada celebrada en el MITECO ayer en Madrid.

Esta distinción respondería al hecho de que ambas infraestructuras son muy distintas en sus características de construcción, capacidad y uso. De ahí que el futuro texto de las Normas Técnicas de Seguridad (NTS) para balsas debiera recoger estas diferencias en torno a su diseño, explotación y seguridad.

Fenacore recuerda que no se puede situar en un mismo plano de igualdad a ambas infraestructuras, aplicando las mismas exigencias de seguridad a las más de 60.000 pequeñas balsas que a los más de 1.300 embalses existentes en España.

Así, mientras que las balsas son obras hidráulicas situadas fuera de un cauce y delimitadas por un dique de retención, asociadas, principalmente, a la actividad de regadío; las presas son infraestructuras de más envergadura, realizadas generalmente en hormigón y vinculadas al abastecimiento de agua potable, generación de energía eléctrica o regadío, entre otros.

Según Fenacore, estas diferencias tan evidentes son las que deben llevar a la Administración a considerar a efectos de seguridad completamente diferentes a ambas tanto en las propuestas de clasificación como en los planes de emergencia. Como ejemplo, una pequeña balsa en parcela no tiene por qué contar con los mismos elementos de seguridad y vigilancia que un gran embalse (custodia las 24 horas, alarmas, luz permanente, etc.).

¿Quién paga?

Finalmente, los regantes confían en que la nueva normativa diferencie las balsas existentes de las nuevas balsas ya que no se puede aplicar a aquellas unos criterios de seguridad que poco o nada tienen que ver con el momento en el que se construyeron, pues hace años ninguna obra urbanística o infraestructura transcurría por esa explotación, con lo que no había riesgo de daños físicos, materiales o medioambientales por inundación en caso de rotura.

De esta forma, Fenacore no entiende que sea el regante, como titular de la balsa, quien deba asumir los gastos derivados de garantizar la seguridad aguas abajo si en su día la balsa se construyó sin ese nivel de riesgos, cuando lo justo sería que los afrontara el promotor de la actuación.