Estos días se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora la ordenanza dictada por el ayuntamiento de Tábara para aplicar una tasa extraordinaria a las instalaciones anejas a las naves ganaderas instaladas o que puedan instalarse en el futuro en su término municipal. Tasa ganadera totalmente desorbitada, pero que además supone una usurpación de las competencias en la regulación de este tipo de explotaciones, cuyas características y funcionamiento está ampliamente definido en la normativa sectorial nacional y autonómica, que ya son especialmente restrictivas con la ganadería intensiva.
ASAJA de Castilla y León se ha dirigido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para advertir a la administración sobre esta suplantación competencial, que pretende en la práctica expulsar a la ganadería de determinados municipios, en lugar de regularla de una forma sostenible. Según las tablas que se marcan en estas ordenanzas municipales, una explotación ganadera familiar, en la que trabajaran dos personas, tendría que abonar más de 30.000 euros al año en concepto de tasas, una cifra que haría inviable el proyecto y que en la práctica impide la puesta en marcha de la empresa.
Las explotaciones ganaderas tienen que cumplir unas exigentes normas legales en múltiples ámbitos para que se autorice su instalación, adoptar las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de impacto en el medio ambiente (suelo, agua, aire…) y contar con el preceptivo informe favorable de impacto ambiental de la correspondiente comisión territorial de medio ambiente cuando el tamaño o tipo de producción ganadera así lo requiere. El almacenamiento, transporte y vertido de purines, estiércoles y otros residuos de las explotaciones ganaderas, es en sí misma una de las partes que más exigencias debe cumplir.
Para ASAJA, en este caso el ayuntamiento se arroga competencias que no le pertenecen, ampliando los requisitos que son iguales para todos, y utilizando justificaciones que no se sostienen, con los datos de densidad ganadera del término. Estas ordenanzas del municipio zamorano “crean un peligroso precedente, primero porque están despreciando la normativa de las administraciones competentes, a las que debería supeditarse. Pero también porque permitir estas normas municipales arbitrarias supondría dejar al albur de los intereses puntuales de cada corporación municipal, o de prejuicios personales, la regulación de la instalación de empresas agropecuarias”.
ASAJA, en defensa de los intereses ganaderos de Castilla y León, ha pedido al Gobierno de la Junta que impugne por las vías administrativa o judicial, según corresponda, la ordenanza reguladora del “vertido de purines, estiércol y otros residuos procedentes de fuentes de origen ganadero en el municipio de Tábara”, por ser desproporcionada y excederse en las competencias locales, así como cuantas otras pudieran surgir, en otros municipios, de características similares.
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