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Cataluña quiere gravar el uso del agua en las explotaciones ganaderas

14/01/2020

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña quiere aplicar un impuesto adicional por el uso del agua en determinadas granjas, que se recoge en el Anteproyecto de Ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público. La Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC) se opone a la aplicación de este impuesto. Esta enmienda de la FCAC se aprobó ayer en el Pleno del Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC).

Con la nueva medida, las explotaciones ganaderas incrementarían los gastos y deberían asumir el sobrecoste de unos 3.000 € anuales. El impuesto se aplicaría de forma gradual y, con la plena implantación del año 2023, la recaudación se situaría en 2.480.000 euros.

Ramon Armengol, responsable de ganadería de la FCAC, argumenta que «la aplicación de este gravamen por el uso del agua en las granjas más dimensionadas es una medida arbitraria e injusta, dado que las pocas aguas sucias generadas por las explotaciones ganaderas se gestionan junto con las deyecciones ganaderas, que son tratadas como fertilizante agrícola y en ningún caso vertidas al cauce público que depende de la Agencia Catalana del Agua «.

El canon impuesto se convertiría en un nuevo impuesto que no revertiría en ninguna mejora adicional para el medio ambiente, pero que, en cambio, grabaría aún más un sector que ya está asumiendo numerosas exigencias en materia de gestión de las deyecciones ganaderas y de aplicación de las mejores Técnicas Disponibles (MTD) para reducir las emisiones amoniacales y gases de efecto invernadero (GEI) de las granjas.

En concreto, la normativa vigente sobre deyecciones ganaderas implica un exhaustivo control sobre el destino y las cantidades aplicadas de nitrógeno al suelo y conlleva nuevas inversiones en las explotaciones y la maquinaria para una mejora directa de la gestión medioambiental.

La FCAC es partidaria de que cualquier mala praxis a nivel medioambiental sea sancionada, pero se muestra contraria a una penalización al conjunto del sector haciéndolo entrar en el régimen fiscal del agua.

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