La organización COPA-COCEGA, que representa a organizaciones agrarias y de cooperativas de la UE, ha pedido a la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, la prórroga de 1 año en la validez de las medidas excepcionales de mercado de la UE para abordar la crisis provocada por la Covid-19 ( destilación de crisis, almacenamiento privado, cosecha en verde, aumento de las ayudas europeas y flexibilidad en las medidas adoptadas en el marco de los Programas Nacionales de Apoyo al vino, entre otros).
La implementación de las medidas de mercado varió de un Estado miembro a otro y no todos los países pudieron beneficiarse de ellas debido a varios factores, como la duración limitada de las disposiciones, los largos procedimientos de adopción, la falta de fondos en los Programas Nacionales de Apoyo al vino y la falta de pagos nacionales complementarios.
El panorama internacional está lejos de ser tranquilizador. De hecho, en agosto la administración estadounidense anunció que mantendría los aranceles de importación. El 31 de diciembre de 2020, Reino Unido abandonará el mercado único y la unión aduanera, salvo que se llegue a un acuerdo de antemano. En esta etapa, existe una gran incertidumbre en torno a las futuras relaciones comerciales entre la UE y el Reino Unido y un alto riesgo de poner en peligro las exportaciones europeas de vino y la protección de las indicaciones geográficas en caso de un Brexit sin acuerdo.
La Unión Europea es el mercado consumidor número uno de vinos europeos. Por lo tanto, se sugiere que se evalúe la posibilidad de ampliar el alcance de las medidas para apoyar campañas de información a los consumidores de la Unión sobre el consumo responsable y el sistema de la Unión que cubre los vinos con DOP y IGP. Estas iniciativas deben implementarse en el sector minorista y HoReCa. Esto ayudaría a compensar las pérdidas ocasionadas por los cambios en los canales de consumo, la caída del enoturismo y la cancelación de ferias y eventos del vino.
La principal demanda a la UE es la financiación y creación de un plan de inversión a largo plazo de tres años en apoyo al sector vitivinícola europeo, solicitando a la Comisión que presente un presupuesto europeo, procedente de fuera de los fondos agrícolas, que debe diferir de los fondos de los Programas Nacionales de Apoyo (PASV) que la UE asigna a los Estados miembros.
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