Apenas 10 empresas controlan más del 80% de la producción de carne de pollo en España. Son las llamadas integradoras, que controlan el proceso productivo desde su inicio hasta su final. Los granjeros avícolas, alrededor de 5.000 en toda España, tienen una enorme dependencia de estas empresas, por lo que sus prácticas y su comportamiento determinan en gran parte la economía y la vida de los ganaderos.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha denunciado el incumplimiento masivo por parte de estas empresas de la Ley de la Cadena Alimentaria, una normativa que obliga a cubrir los costes de producción, y cuyos periodos de transición se cumplieron hace ya varias semanas. “No hay ninguna excusa para que algunas empresas sigan trabajando sin contratos firmados y sin revisar el precio que pagan a los ganaderos”, aseguran desde UPA.

Encarecimiento del pollo que no llega a los granjeros

La evolución al alza del precio del pollo a los consumidores, que sí se ha trasladado al precio que cobran las empresas integradoras, no ha llegado a los granjeros. Aunque en estos momentos el precio del pollo se encuentra un 32% por encima del de hace un año -2,30 euros/Kg canal-, esto no ha supuesto ninguna mejora de los precios del avicultor, mientras que las empresas integradoras sí han podido compensar el aumento del precio del pienso.

UPA ya denunció hace más de un mes que los avicultores no deberían estar cobrando menos de 0,55-0,60 euros por pollo criado, cuando siguen cobrando unos 0,40-0,45 euros, mientras los costes de producción siguen disparados.

UPA va a exigir a las integradoras que se reúnan con ellos para instarles a cambiar su actitud. Se ha sabido que algunas empresas están amenazando a los granjeros, que manifiestan su miedo a poner denuncias, ya que los avicultores han realizado inversiones muy fuertes y dependen del mantenimiento de sus contratos de integración.

La organización de agricultores y ganaderos ha pedido también al Ministerio de Agricultura que publique inmediatamente el decreto de ayudas por la crisis de costes donde UPA consiguió que se incluyera a las granjas de pollos. Las Comunidades Autónomas también deben complementar estas ayudas incluyendo a sectores como el pavo que han quedado fuera del decreto nacional.