Los viticultores ya tenían bastantes problemas: reducción de cosecha debido a la sequía y el pedrisco, escalada de los costes de producción y bajos precios de la uva, a lo que ahora hay que sumar la campaña de acoso por parte de la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo, según denuncia la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA).

Esta campaña, dirigida a viticultores, no solo está provocando un perjuicio económico inasumible en muchos casos, sino que, en última instancia, está dificultando las labores de la vendimia en unos pocos días en los que se acumula mucha carga de trabajo y hay problemas para encontrar mano de obra.

Para la organización agraria, se trata de un “desproporcionado dispositivo del Gobierno con un evidente afán recaudatorio sobre un sector que está atravesando una grave crisis de rentabilidad y cuya supervivencia resulta fundamental para la economía y el paisaje de las zonas del interior”.

Además de las reiteradas inspecciones de trabajo, que prácticamente se repiten todas las temporadas, los productores trasladan su malestar porque la Guardia Civil señala motivos de sanción que nunca antes se habían contemplado como la señalización de los tractores y los remolques que transportan las uvas. AVA-ASAJA ya advirtió antes del verano que Inspección de Trabajo había dedicado un amplio dispositivo en La Marina, consistente en cuatro vehículos de la Guardia Civil e incluso un helicóptero, para efectuar controles sobre la actividad agraria. Por ello, la asociación insta al Gobierno a “dejar de perseguir a los agricultores y a centrar sus prioridades sobre las grandes empresas o sobre la propia Administración, que es la primera que incumple en la temporalidad de los trabajadores públicos. Con tanto acoso administrativo y burocrático al sector agrario, al final lo que parece que quieren conseguir y efectivamente están consiguiendo las administraciones es que abandonemos nuestros campos y nuestras granjas