El Consejo de Ministros aprobó ayer, a propuesta del Ministerio de Agricultura, un real decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la repoblación de las explotaciones de ovino y caprino para producción de leche, de carne o reproducción mixta en las que se ha tenido que sacrificar el ganado como medida de emergencia por el brote de viruela ovina y caprina.

El proyecto tiene como finalidad garantizar la sanidad animal y el mantenimiento de la actividad productiva en las explotaciones afectadas por la enfermedad, cuando se ha decreto el vaciado sanitario de las mismas. Estas ayudas a la repoblación posibilitarán la reanudación de la actividad.

Hasta el momento se han detectado 26 brotes de viruela ovina y caprina, 13 en Andalucía y otros tantos en Castilla-La Mancha y ha sido preciso sacrificar 45.676 animales (42.601 en Castilla-La Mancha y 3.075 en Andalucía). Las indemnizaciones previstas en el ordenamiento jurídico para compensar el sacrificio obligatorio decidido por la autoridad competente han ascendido a 5 millones de euros, pagados al 50 % por el Estado y por las comunidades autónomas afectadas.

La reposición de animales en las explotaciones supone un coste adicional para el ganadero en función del precio de mercado concreto de los animales. Para el pago de estas nuevas ayudas a la repoblación, el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas un máximo de dos millones de euros entre los ejercicios de 2023 y 2024.

Por ello, el Gobierno ha considerado preciso establecer una línea de subvenciones estatal para compensar dicho coste adicional y asegurar, de este modo, la viabilidad de las explotaciones. Esta actividad ganadera genera importantes externalidades positivas, tales como el aseguramiento de unos niveles de renta equitativos entre los diferentes territorios y a fijación de la población en el medio rural.