La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) pide al gobierno, CC.AA. y UE que reaccionen de forma contundente ante el fraude masivo destapado por la investigación de la OLAF en torno a las importaciones de “miel”. En este sentido, demandamos la retirada inmediata del mercado de toda la miel adulterada que no cumpla con las disposiciones de la Directiva 2001/110/CE de la miel de la UE.

La Comisión Europea acaba de hacer público el informe, publicado conjuntamente entre la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude), el JRC (Centro Común de Investigación de la Unión Europea) y la DG SANTE (Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea), en el que se presentan los resultados de un plan de controles llevado a cabo en frontera a cientos de importaciones de miel durante 2021 y 2022. Las conclusiones del informe, en base a las técnicas analíticas empleadas en la investigación, es demoledora: un 46% de las muestras europeas analizadas fueron fraudulentas y un 66% de las empresas importadoras controladas tuvieron, al menos, un resultado positivo. En el caso de España, los porcentajes se elevan a un 51% de importaciones con producto fraudulento y un 85% de empresas importadoras con, al menos, un resultado positivo.

COAG lleva años haciendo un seguimiento exhaustivo del mercado de la miel y las importaciones realizadas por la industria española y europea, y advirtiendo de que el precio de determinados productos importados y comercializados en España es incompatible con su etiquetado como “miel” en el mercado. Esta investigación de la Comisión viene a confirmar nuestras sospechas y advertencias: que la presencia masiva de siropes y sucedáneos de miel llevan años distorsionando el mercado y presionando artificialmente los precios de la miel española a la baja.

“Esta es una realidad inasumible para un sector que está apostando, cada vez más, por las producciones sostenibles y de calidad, así como por adaptarse a unos efectos del cambio climático devastadores para las abejas y para nuestra actividad”, ha declarado Pedro Loscertales, responsable de sector apícola de COAG; “Esperamos una reacción del Ministerio de Agricultura y de la Comisión Europea acorde a la gravedad de la información publicada”.

Ante este escenario, desde COAG reclamamos a las administraciones públicas actuaciones para poner coto al coladero que se han convertido nuestras fronteras: en primer lugar, validando rápidamente las técnicas analíticas utilizadas por la Comisión en esta investigación (en la Unión Europea y sus Estados Miembros); posteriormente, aumentando los controles a las importaciones en los Puntos de Inspección Fronteriza (PIFS) y creando un Centro Europeo de Referencia para la Miel que permita llevar a cabo las actuaciones necesarias para proteger del fraude a los consumidores y consumidoras de miel y al sector apícola europeo.

Asimismo, reclamamos que España aproveche la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 para liderar la puesta en marcha de todas estas medidas así como una modificación de las normas de etiquetado que defienda los intereses del sector productor apícola, consumidores y consumidoras, tras la decepción que supuso la última modificación de la Norma de Calidad de la Miel española en 2020. Tras dicha modificación no se ha mejorado ni la situación del sector ni la transparencia en el etiquetado de origen de las mieles comercializadas en España, sino que se han seguido importando y vendiendo miles de toneladas de sucedáneos de miel en nuestros mercados.

Además, tras este escándalo COAG lanza un mensaje claro a los consumidores. “Comprar directamente a los apicultores y apicultoras, o a través de canales cortos de comercialización, es la mejor garantía de autenticidad y calidad de la miel”, ha declarado Pedro Loscertales, responsable de sector apícola de COAG. “Esta compra responsable permite, además, una correcta polinización de nuestra rica y variada flora silvestre y de nuestros cultivos; y genera empleo y actividad económica en nuestras zonas rurales”.