La situación de los agricultores y ganaderos profesionales cada vez es más deplorable y la administración está dejando de ser un órgano gestor para convertirse cada vez más en un órgano sancionador.

Ilotas eran los antiguos ciudadanos despojados de sus derechos en Esparta, ciudadanos con obligaciones pero sin derechos…una expresión más que acertada para la situación en la que estamos quedando frente a la administración en los últimos tiempos.

Tras la infame inclusión de la condición de cumplimiento para ser beneficiario de la PAC del umbral de los 5.000 euros con la que prácticamente la mitad de los beneficiarios actuales se ahorran el estar dados de alta en la SEGURIDAD SOCIAL como autónomos agrarios, o que al menos el 25% de los ingresos provengan de la actividad agraria, cláusula que provoca que los importes percibidos por agricultor hayan bajado entre un 30% y un 50%, tras la también infame decisión de publicar una normativa extensa, compleja, poco clara y con una cantidad muy poco razonable de vacíos legales o incoherencias y con carácter retroactivo de hasta dos años, tras la también infame situación en la que quedan los beneficiarios de las ayudas europeas y los gestores de dichas ayudas debido al mal funcionamiento del programa de solicitud en el que faltan filtros y sobran requisitos, viene la administración general del estado a seguir atracando a mano armada a los autónomos de este país.

Una administración que no garantiza la aplicación de la cadena alimentaria, un ministerio como el MITECO al que tienen que condenar a cumplir y aplicar la doble tarifa eléctrica, unos costes oficiales que no se publican, una Seguridad Social que externaliza toda la tramitación para autónomos, incumple sistemáticamente su deber de informar y asesorar a sus ciudadanos y se dedica a sancionar tras no haber realizado dicho asesoramiento, una Agencia Tributaria que no perdonó en PANDEMIA a los autónomos a la hora de liquidar impuestos pero se dedica tras sentencia firme a seguir revisando expedientes a 4 años vista, causando sustanciosos intereses de demora y en muchas ocasiones exigiendo liquidaciones ya practicadas en las que es el ciudadano el encargado de demostrar su inocencia y no el de la administración de demostrar su culpabilidad y un larguísimo etcétera.

Hoy en día los fuegos de Asturias, de Cantabria que se propagan debido a las mismas condiciones que provocaron la quema de 90.000 Ha el año pasado sólo en Zamora y León, la absoluta dejadez de la administración en gestionar los montes pero si penalizar a los que realizan aprovechamientos centenarios, no son más que una metáfora de los ciudadanos que habitamos esta nación. Estamos quemados, nos sentimos atracados, indefensos con la necesidad de cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos pero no, con la posición legal que si legitima, de exigir nuestros derechos.

Unión de Campesinos de León quiere mostrar su preocupación por la situación actual de gestión en la administración, la situación de desprotección de los agricultores y ganaderos y la situación deplorable del sector y advertir de que a pesar de las condiciones cambiantes en la mayoría de la sociedad alguno de aquellos refranes populares aún se mantienen en vigor como por ejemplo aquél de: “Tanto va el cántaro a la fuente…”