El Ministerio de Agricultura (MAPA) ha puesto en marcha la destilación de crisis para Cataluña y Extremadura, las dos comunidades autónomas que habían solicitado esta medida, mediante resolución de la dirección general de Producciones y Mercados Agrarios de 27 de junio, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La medida se inscribe dentro del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE).

Para que esta medida haya sido posible, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha negociado con la Comisión Europea una modificación de la reglamentación comunitaria que regula el PASVE. El nuevo Reglamento Delegado (UE) nº 2023/1225 de la Comisión de 22 de junio, permite, bajo determinadas condiciones, apoyar la destilación de algunos vinos.

De acuerdo con las peticiones recibidas de las comunidades autónomas, los vinos que podrán acogerse a la ayuda serán los tintos y rosados, en Extremadura, y los tintos incluidos en las zonas amparadas por las denominaciones de Denominación de Origen (DO) Catalunya, Terra Alta, Penedès y Tarragona, en Cataluña.

Está previsto que se destile un total de 91.694 hectolitros de vino, de los que 23.470 lo harán en destilerías de Cataluña y 68.224 en Extremadura, por un total de 2,72 millones de euros. Todo ello, de acuerdo con la información facilitada por estas comunidades autónomas, que han sido quienes han calculado los importes de las ayudas, de acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento comunitario.

Así, el importe de la ayuda se limita como máximo al 80 % del precio medio mensual más bajo registrado a nivel de producción en la campaña de comercialización 2022/2023 para cada tipo de vino al que se aplica la medida.

Las solicitudes deberán presentarse ante el órgano competente de estas comunidades autónomas y la destilación deberá ejecutarse antes del 15 de octubre.

El alcohol resultante de la destilación de crisis se utilizará exclusivamente con fines industriales, incluidos los de desinfección o farmacéuticos, o con fines energéticos para evitar el falseamiento de la competencia.

Esta medida de prevención de crisis se une a la cosecha en verde ya habilitada el pasado mes de febrero por 15 millones de euros. Con ella se permitirá aliviar la tensión en algunas regiones productoras con un nivel de existencias elevado, al permitir dimensionar la próxima vendimia 2023 a la capacidad de almacenamiento y comercialización para la campaña.

Estos dos instrumentos en sinergia tratan de evitar anticipadamente los efectos de una potencial sobreoferta de uva el próximo otoño que lastrase las rentas de los viticultores de las regiones productoras españolas.