Unió de Pagesos de Catalunya, Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Catalunya (JARC) y la Asociación Viticultors del Penedès hacen un llamamiento a los viticultores que este año deben formalizar los contratos de compraventa de la uva con las empresas vitivinícolas a no firmarlos por el precio abusivo que están estipulando por las uvas, ya que de aceptarlo se pondría en riesgo la viabilidad del campesinado del sector y el relieve generacional en el viñedo.

Las tres entidades coinciden en que el precio propuesto por las grandes bodegas que compran uva no responde a las dinámicas de mercado en la relación oferta-demanda y no es un reflejo de la realidad del sector, ya que esta campaña se prevé una cosecha de entre uno 70% y un 80% inferior respecto a una vendimia normal a causa de la sequía, que se ha ido agravando desde 2021. A esto, además, hay que sumar un importante aumento de los costes de producción favorecido por un IPC elevado.

Unió de Pagesos, JARC y la Associació Viticultors del Penedès no sólo rechazan los precios de los contratos de este año sino que piden un aumento de precio de la uva como mínimo de más del 50% de lo que tenían estipulado la vendimia pasada. En este sentido, argumentan que ningún viticultor debería aceptar unos rendimientos económicos entre 1.000 y 1.500 euros brutos/hectárea, ya que está calculado que para que un viticultor tenga un negocio viable necesita unos rendimientos mínimos en torno a los 5.000 euros/ha.

Los tres representantes de los viticultores sostienen que es necesario concienciar al conjunto del sector vitivinícola de que las pérdidas económicas que este año sufrirán los viticultores deben repartirse entre todos los agentes que intervienen en la cadena de valor del vino y el cava, y recuerdan, como dato significativo, que el valor de la uva en una botella de cava sólo representa un 10% del valor total de venta de la botella al consumidor.

Por último, Unió de Pagesos, JARC y la Asociación Viticultors del Penedès apuntan que las empresas que compran uva deberían tomar de referencia el estudio periódico de los costes de producción de la uva y del vino base cava, encargado por el Departamento de Acción Climática , para conocer los costes de producción que tiene un viticultor a la hora de producir uva y, que nunca, según establece la Ley estatal de la cadena alimentaria, deberían pagar al productor por debajo de sus costes de producción. Evidentemente, como cualquier empresa, una explotación vinícola debe percibir un precio que cubra el coste y le aporte unos beneficios para poder ser económicamente sostenible