Ante la previsible aprobación de los presupuestos del Consejo Regulador de la DOC Rioja esta semana, queremos volver a explicar por qué nuestra organización rechazará los presupuestos extraordinarios (dedicados a promoción), no así los ordinarios y el adicional para partidas concretas. El motivo es doble: que los viticultores no hemos recuperado la rentabilidad perdida a partir de 2020, y que no compartimos el porcentaje de distribución entre sectores a la hora de pagar los presupuestos.

Pero permítanme que lo explique. En Rioja todos sabemos de vino, faltaría más, pero lo de controlar los entresijos de la Denominación es bastante más complicado. Así que me pondré un poco didáctico para explicarles que los presupuestos del Consejo Regulador se dividen en tres apartados:

El presupuesto ordinario es el que permite el trabajo diario de la institución (gastos de personal, bienes corrientes y servicios, inversiones, comunicación y promoción). Además, en este apartado se incluye también la aportación que se hace para el funcionamiento de la Organización Interprofesional del Vino de Rioja.

El presupuesto adicional se dedica a financiar partidas puntuales (control en contraetiquetas, tarjetas de vendimia, control de puntos de venta y las acciones encaminadas a la sostenibilidad y la protección del paisaje).

Por último, el presupuesto extraordinario financia el plan estratégico de marketing y comunicación. Supone más de 9 millones de euros (mientras que el ordinario y el adicional suman 7 millones entre los dos).

Si se permite en el Pleno una votación separada de los tres presupuestos, como representante de la UAGR-COAG votaré a favor del presupuesto ordinario y del adicional, con los que se garantiza el correcto funcionamiento del organismo durante 2024. Pero votaré en contra del presupuesto extraordinario, dedicado a la promoción, al no haberse recuperado la rentabilidad del sector productor, con muchos viticultores cobrando por debajo de costes durante las últimas cuatro campañas.

Les recuerdo que muchos viticultores no solo cobran por debajo de costes las uvas que producen, sino que además hacen frente a una limitación de rendimientos, por cuarta campaña consecutiva, lo que complica aún más la rentabilidad de las explotaciones familiares agrarias riojanas. Una reducción, por cierto, que en La Rioja no se compensa desde la administración regional, cosa que sí hace la administración vasca en Rioja Alavesa…

Todo esto, tras una campaña en la que se ha vuelto a evidenciar que el eslabón más débil de la cadena seguimos siendo los viticultores, debido al reparto de valor no equitativo entre las partes (sector productor y sector comercial). El poder de negociación de precios, y más en esta campaña, se ha constatado que es nulo por parte de los agricultores. Todo esto pese a estar vigente una la Ley de la Cadena, y pese a las reiteradas denuncias de contratos por debajo de costes, siendo la UAGR-COAG la única organización que hemos presentado denuncia ante la AICA.

Entendemos, por tanto, que en este contexto el sector productor no debe apoyar unos presupuestos extraordinarios, cuentas que además se cofinancian al 50% con las bodegas, mientras que el presupuesto ordinario se paga al 30% por los viticultores y al 70% por el sector comercial.

Así pues, si se votan separadamente los tres apartados de los presupuestos, votaré a favor del ordinario y del adicional, y rechazaré el de promoción. Si se votan los tres conjuntamente, me opondré a todo. Si finalmente se aprueban los presupuestos extraordinarios, incluso con rebaja porcentual en los tres apartados, se volverá a producir una traición de ciertas organizaciones a los viticultores.

He mencionado antes que el Consejo aporta una cantidad para el funcionamiento de la Interprofesional. Pues bien, termino este artículo refiriéndome a este último organismo: Desde la UAGR-COAG pedimos que empiece a trabajar inmediatamente para que los viticultores recuperen la rentabilidad, cumpliendo sus propios Estatutos. En ellos se detalla que la organización “velará muy especialmente por el respeto a las reglas de la leal competencia en el sector, estableciendo mecanismos de regulación interna”, pero, en nuestra opinión, hasta la fecha la Interprofesional no ha trabajado en este aspecto.