La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Juliane Kokott, ha pedido la aceptación de la protección «atenuada» de las poblaciones de lobo que se encuentran al norte del río Duero y apostó por permitir, en general, la caza de este carnívoro, manteniendo un criterio favorable a las tesis sustentadas por la Junta de Castilla y León.
Kokott emite este informe como paso previo a que el TJUE dicte sentencia en el marco de una cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en un procedimiento relativo a la caza del lobo al norte del río Duero, un proceso que tiene su origen en 2019 y que pende del TEJUE desde 2022, cuya resolución ahora carece de efectos prácticos, pero sí tienen trascendencia los pronunciamientos técnicos que se puedan realizar, como es éste de la Abogada General del Tribunal Europeo.
El Gobierno de Castilla y León mantiene su posición de exigir al Ejecutivo central que acometa de inmediato la necesaria flexibilización del régimen de protección del lobo en Castilla y León, en concordancia con la última decisión de la Comisión Europea, de modo que, como primera medida, la Junta recupere la capacidad de gestión de la especie, competencia de la que fue privada por la orden ministerial TED/980/2021, de 20 de septiembre.
El pronunciamiento de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se suma a otros emitidos desde las instituciones comunitarias. El 20 de diciembre pasado, Europa dio la razón a la Junta de Castilla y León. Con anterioridad, hubo pronunciamientos favorables del Parlamento Europeo, de la propia presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y de otras entidades europeas.
La Junta había mantenido una intensa acción política respecto a la gestión del lobo a raíz de que el Gobierno de España tomara en 2021 la decisión de proteger estrictamente la especie al norte del río Duero, como ya estaba al sur, mediante su inclusión en el listado LESPRE (Listado de Especies Silvestres de Protección Especial), endureciendo así el régimen permitido por la Unión Europea y retirando de facto las competencias de gestión y control de la especie a Castilla y León y, en general, y a todas las autonomías loberas.
El Gobierno autonómico se posicionó en contra, entendiendo que era una decisión meramente ideológica y no de conservación, adoptada de forma unilateral, de forma procedimentalmente irregular y en contra de la voluntad de las autonomías loberas y de la mayoría de las comunidades y ciudades autónomas, que se sumaron a esta posición llevando la citada orden ministerial a los tribunales, cuya sentencia está pendiente en la Audiencia Nacional.
El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrado el pasado día 23 de enero propuso la revisión de los anexos de la Directiva de Hábitats en relación con ciertas poblaciones de grandes carnívoros.
Se reconoce el aumento positivo de las poblaciones de grandes carnívoros en la Unión Europea y se respalda el cambio propuesto por la Comisión para modificar el estatus internacional de los lobos de ‘estrictamente protegido’ a ‘protegido’ debido a nuevos datos sobre el aumento de las poblaciones. Finlandia –que llevó el tema al Consejo–, Austria, República Checa, Suecia, Grecia, Italia, Rumanía, Eslovaquia, Francia, Países Bajos, Eslovenia, Dinamarca, Croacia, Bulgaria, Letonia, Lituania y Hungría han cerrado filas claramente a favor de la acción de la Comisión para la flexibilización del régimen de protección. El comisario europeo de Medio Ambiente, Virgilius Sinkevicius, mantuvo la postura de la decisión adoptada por la Comisión el pasado día 20 de diciembre, de proceder a la reforma necesaria para llevar a la Directiva Hábitats la flexibilización del régimen de protección.
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