Los arroceros valencianos están en pie de guerra. La entrada masiva de importaciones procedentes de países asiáticos a través de los puertos europeos, entre ellos los de Valencia y Sagunt, han hundido la campaña. Mientras que tras la siega el mercado se caracterizaba por una oferta corta, una demanda fluida y unos precios en origen estables, desde la llegada durante las últimas semanas de masivos cargamentos foráneos por parte de las grandes corporaciones importadoras y comercializadoras de arroz, las ventas de las existencias valencianas que aún aguardan en los almacenes se han paralizado.  

En este contexto, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), a través de su organización nacional ASAJA y del COPA-COGECA, entidad que aglutina a las principales organizaciones profesionales agrarias y cooperativas de la Unión Europea (UE), ha liderado esta semana las gestiones en representación del sector arrocero dirigidas a salvaguardar la rentabilidad de los productores frente a la ola de importaciones asiáticas.  

El representante de AVA-ASAJA y vicepresidente del grupo de trabajo del Arroz del COPA-COGECA, Miguel Minguet, defiende que la organización ha logrado que los europarlamentarios no hayan votado para tumbar definitivamente el mecanismo de aplicación de la cláusula de salvaguarda automática (GSP), como pretenden los países del norte de Europa, y mantengan vivas las negociaciones para que el arroz entre dentro del listado de productos del artículo 29 de dicha normativa, de manera que cuando haya que aplicar una cláusula de salvaguarda se pueda hacer de manera automática. “La votación no era nada favorable al sector arrocero europeo, pero la presión que hemos llevado a cabo ante los eurodiputados ha conseguido que no haya mayoría cualificada y la cuestión se vuelva a debatir después de las próximas elecciones donde esperamos que el nuevo Parlamento Europeo salido de las urnas nos sea más favorable”, explica Minguet.  

Por otra parte, a corto plazo AVA-ASAJA insta a las autoridades comunitarias a reinstaurar los aranceles a las importaciones de arroz provenientes de Camboya y Myanmar por su grave impacto sobre el mercado europeo. Minguet recuerda que “ya logramos que Bruselas adoptara una cláusula de salvaguarda entre 2019 y 2021 y ahora volvemos a pedirla con carácter de urgencia porque los arroces de estos países asiáticos están causando el mismo perjuicio comercial a los productores valencianos que entonces”.  

Precisamente esta semana la Comisión publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el Reglamento de Ejecución 2024/842 por el que se restablecen las medidas de salvaguardia respecto a las importaciones de arroz índica originario de Camboya y Myanmar/Birmania (175 euros por tonelada en 2019, 150 euros en 2020 y 125 euros en 2021). Ante la anulación de esta cláusula por una sentencia del Tribunal General, la Comisión ha aportado suficientes pruebas de que los aranceles estuvieron correctamente justificados y, por tanto, dictamina que “no se devolverán ni condonarán derecho alguno percibido”.  

AVA-ASAJA también interpuso una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) para que este órgano dependiente del Ministerio de Agricultura investigue si la cadena de distribución ALDI comete una presunta venta a pérdidas o destrucción de la cadena alimentaria en su venta de arroz. Una promoción ofrece arroz redondo a 1,09 euros por kilo, tras aplicar un descuento del 12%. En su reclamación, la organización expone que “este precio puede incurrir en venta a pérdidas porque no permite cubrir todos los costes de producción de los distintos agentes que intervienen en la cadena de valor”.  

AVA-ASAJA arremete también contra las empresas distribuidoras por comercializar paquetes de arroz sin especificar en la etiqueta el país de origen (tan solo el distribuidor) y, además, confunden al consumidor con imágenes relacionadas con el cultivo del arroz en La Albufera: “Ya está bien de hundir a los arroceros y de engañar a los consumidores. Las grandes empresas deben apostar por nuestros productos que garantizan los máximos estándares de trazabilidad, calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental”.