FACUA-Consumidores en Acción lamenta que el Gobierno maquille su inacción ante las subidas ilegales de márgenes en el aceite de oliva eliminándole el IVA a partir del 1 de julio, un producto que según los análisis de la asociación se ha encarecido hasta un 165% en los supermercados en los últimos doce meses, con una media de subida en el virgen extra de 5,73 euros en las botellas de un litro.

La asociación critica la absoluta pasividad del Gobierno ante las subidas ilegales de márgenes que se han producido desde enero de 2023 y que ha denunciado en reiteradas ocasiones.

Según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la semana del 3 al 9 de junio el aceite de oliva virgen extra estaba en origen en una media de 7,36 euros por litro. La primera semana de enero de 2023 estaba en 4,91 euros/litro. La subida en año y medio ha sido de 2,45 euros el litro. Sin embargo, los análisis de FACUA ponen de manifiesto que en los supermercados la botella de un litro de virgen extra es hoy de media 6,71 euros más cara que en enero del año pasado: ahora se vende por una media de 13,61 euros frente a los 6,91 euros de enero de 2023. Es decir, en un año y medio el precio ha subido en los puntos de venta casi el triple que en origen.

Desde Agricultura, Luis Planas prometió que vigilaría el cumplimiento de la norma pero su ministerio no ha hecho absolutamente nada contra quienes vienen inflando fraudulentamente sus beneficios. En Consumo, tras la pasividad mantenida por Alberto Garzón ante las denuncias de FACUA, llegándose a afirmar desde su ministerio que no tenían competencias, hace cuatro meses el equipo de Pablo Bustinduy anunció un requerimiento de datos a las principales cadenas de supermercados para investigar en qué alimentos y empresas podrían haberse producido esos aumentos ilegales de márgenes. A día de hoy, sigue sin hacer públicas sus conclusiones ni anunciar ningún expediente sancionador.

En noviembre del año pasado, la asociación también denunció a ocho cadenas de supermercados ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por aplicar precios idénticos en sus marcas blancas de aceite de oliva. Hasta la fecha, no ha recibido ninguna respuesta.

Con la entrada el vigor de la rebaja del IVA a los alimentos básicos, desde enero de 2023 todos los miembros de la cadena alimentaria tienen prohibido aumentar los precios salvo que sea consecuencia de una subida en los costes. Durante todos estos meses, FACUA ha denunciado en numerosas ocasiones ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que estas empresas han incumplido reiteradamente la medida, ya que todas ellas han aumentado precios y, con ello, ampliado sus márgenes de beneficio.

La botella de un litro de AOVE ha subido un 75% de media en doce meses

FACUA viene realizando un análisis de la evolución de los precios afectados por la rebaja del IVA a alimentos básicos desde que entró en vigor la medida de la rebaja del IVA en enero de 2023. Según el último estudio de la asociación, realizado a comienzos de este mes de junio, la botella de un litro de aceite de oliva virgen extra se ha encarecido de media un 75,4% en los últimos doce meses.
Algunas marcas, en determinados supermercados, han alcanzado incrementos de precios de hasta un 165,3% en este periodo. Es el caso del aceite de oliva virgen extra Coosur variedad Hojiblanca y del virgen extra marca Hojiblanca en Eroski, que ha pasado de 5,99 euros en junio de 2023 a 15,89 euros en junio de 2024.

La evolución de los precios del aceite de oliva entre comienzos de mayo y de junio de este año ha representado de media una ínfima bajada, del 1,5%. De los 75 precios de distintas marcas, envases y variedades registrados por FACUA, 41 siguen siendo idénticos al mes anterior, 21 han bajado y 13 han subido. Es decir, menos de una de cada tres precios han experimentado bajadas en el último mes.

El Ministerio y los gobiernos autonómicos tienen competencias para sancionar

Tanto el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 como las autoridades de protección al consumidor autonómicas tienen competencias sancionadoras ante estas prácticas. Se las otorga el artículo 47 del real decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores.

En este punto de la norma se definen las “infracciones en materia de defensa de los consumidores”. Y en la letra f de su apartado 1 indica que lo son “el incumplimiento de las normas reguladoras de precios (…) o cualquier otro tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comerciales”.