Unións Agrarias (UUAA) compareció este martes en el Juzgado Mercantil N°1 de Granada para participar en la audiencia preliminar que pone en marcha oficialmente la maquinaria judicial de los casos Cártel de la Leche. Se trata de los primeros juicios de los aproximadamente 5.500 casos que actualmente están en manos de los servicios jurídicos de la organización. El número de afectados ha crecido en los últimos meses y aún podría aumentar porque, como recuerda Unións, aún no ha expirado el plazo para sumarse a la reclamación.

Después de que la Audiencia Nacional desestimara en febrero de este año el intento de las queserías de librarse de la millonaria sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Unións Agrarias confía en que los afectados por el Cártel Lácteo puedan llegar pronto a una resolución favorable y recuperar el dinero que les pertenece.

La organización recuerda que todos los propietarios de explotaciones que vendieron leche entre 2000 y 2013 pueden sumarse al reclamo para que las industrias les devuelvan el diferencial correspondiente a lo que debieron cobrar por la producción vendida en esos años y lo que realmente recibieron. Una cantidad que, según reconoció primero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y luego la Audiencia Nacional, se vio alterada por los pactos de precios ilegales alcanzados por las industrias durante aquellos años.

Las demandas de afectados que están reuniendo en estos momentos los servicios jurídicos de Unións Agrarias rondan las 5.500. Sin embargo, se estima que el número real de afectados puede superar los 49.000, según el número de explotaciones que registraron ventas en los años de actividad del cártel. No obstante, la organización recuerda a quienes aún no lo han hecho que aún están a tiempo de sumarse a la reivindicación.

Unións Agrarias lamenta que, pese a su voluntad de llegar a una solución negociada a este conflicto, ésta no haya sido posible debido a la resistencia de las industrias. Confía en que la justicia finalmente reconozca el derecho de cada uno de los afectados a recibir lo que le corresponde. a ellos.

Las reclamaciones de los más de 5.000 agricultores que se han sumado a esta causa de la mano de los servicios jurídicos de Unións Agrarias supera los 600 millones de euros, según cálculos estimativos.