La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, ha reclamado al ministro de Agricultura, Luis Planas, que reconsidere su postura al respecto del arranque social de viñedo, ya que es una demanda del sector y que podría ser una alternativa a muchos viticultores de toda España. UPA ha solicitado una reunión bilateral con el ministro para que los responsables de la organización agraria le expongan las necesidades del sector.

Son varias las campañas complicadas que lleva el sector vitivinícola a nivel estatal en general, y en algunas comarcas productoras en concreto. Así lo explican desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, quienes han mostrado su sorpresa al escuchar las declaraciones del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sobre la negativa de su departamento al arranque social solicitado por buena parte del sector vitivinícola y muchas provincias productoras. «Es la única salida que ven algunos viticultores profesionales».

“Son muchos los motivos para esta circunstancia que, no lo olvidemos, no es sencilla para ningún agricultor”, ha indicado Alejandro García-Gasco Alcalde, responsable de Vino de UPA, quien ha insistido en que se solicitó tanto en Bruselas, como al Ministerio de Agricultura y a diferentes Consejerías de Agricultura, debido a que son muchas las voces del sector que lo están pidiendo, “no por ganas, no porque sí; sino porque hay una crisis real en el sector”, ha indicado.

La situación de los viticultores para solicitar esta medida de arranque social deriva de diversos factores; entre otros, los efectos de la climatología sobre muchas regiones, unos efectos que, en casos como el sureste español, han provocado la muerte de la planta. Por otra parte, la crisis de consumo en términos generales, a la que se une el parón de precios por parte de la industria. “Hay que tener en cuenta que los viticultores tenemos un producto perecedero, con lo que, al vendimiar, tenemos que aceptar el precio que nos den. No podemos esperar. Y con eso juegan algunos industriales. Puedo decir que somos el único sector que, cuando vende un producto, no sabe el precio al que lo va a hacer”, ha denunciado García-Gasco.

El arranque social defendido por UPA y expuesto en muchas regiones productoras sería una alivio temporal subvencionado y de carácter social, siempre con fondos extraordinarios para una medida que se considera extraordinaria; de ahí que se haya solicitado al Ministro de Agricultura una reunión bilateral para exponerle este punto de vista y que reconsidere su posición por el bien de miles de viticultores, por el futuro y viabilidad de todos aquellos agricultores que quieran acogerse a esta medida que, por supuesto, debería consensuarse con el sector y las organizaciones agrarias.

UPA indica que este tipo de ayudas extraordinarias deben acompañarse de una paralización de cualquier tipo de plantaciones de viñedo a través de autorizaciones, para que las parcelas que se acojan al arranque social de viñedo no puedan volver a sembrarse en el futuro, ni obtener un beneficio aparte de la ayuda. El responsable de Vino de UPA, Alejandro García-Gasco Alcalde, ha concluido que “esta medida la hemos solicitado a todos los niveles. Consideramos que no se deben crear agricultores de primera y de segunda, sino que haya un mismo trato para todos los viticultores que sufrimos la crisis de rentabilidad. Este arranque debe ser subvencionado con fondos extraordinarios, para una medida extraordinaria, así paliar la crisis de viticultores profesionales y pequeñas y medias explotaciones”.

Por otro lado, UPA muestra su decepción y lamenta que en el Real Decreto aprobado y publicado esta semana, modificando determinados aspectos de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) en la PAC, no se haya tenido en cuenta ninguna de las tres cuestiones que propusimos desde UPA y que son de gran interés para la viticultura familiar: una medida de ayudas para las inversiones en las explotaciones vitícolas (tal y como posibilita la reglamentación comunitaria); una condicionalidad para que se excluyan del beneficio de las diferentes ayudas de la ISV (entre ellas las relativas a las inversiones en bodegas o a la promoción de vino a países terceros) a aquellos solicitantes que tuviesen una sentencia en firme por incumplimiento de la Ley de la Cadena alimentaria, y la ampliación de acciones con ayudas para la prevención por daños causados por los conejos en el viñedo.