La introducción de precios mínimos en las cadenas agrícolas, propuesta estrella durante el pasado Salón Internacional de la Agricultura en Francia, vuelve a cobrar protagonismo con la publicación de un estudio del Instituto de Políticas Públicas (IPP). El informe analiza la eficacia de esta medida y concluye que podría mejorar la remuneración de los agricultores en sectores como la producción de leche y hortalizas, donde predominan desequilibrios en el mercado.
El poder del «monopsonio»
De acuerdo con el estudio, los precios mínimos serían efectivos en sectores donde los productores enfrentan un poder de monopsonio, es decir, un pequeño número de compradores capaces de imponer precios por debajo de los niveles competitivos. Este fenómeno se ha detectado principalmente en sectores ganaderos (como la leche y la carne) y en las hortalizas, mientras que sería menos relevante en cultivos como los cereales.
La diferencia entre monopsonio y monopolio es que el monopsonio se produce cuando hay uno o unos pocos compradores. El monopolio, cuando hay uno o unos pocos vendedores.
La investigación se centra en el caso de la «lait cru» (leche cruda no etiquetada como ecológica ni con Denominación de Origen), donde se observó que, entre 2003 y 2018, los industriales franceses adquirieron la leche a un precio 16% inferior a la contribución marginal que generaba para sus beneficios. Este desequilibrio se acentúa en regiones con mayor concentración industrial, donde los productores tienen menos poder de negociación.
Beneficios y riesgos del precio mínimo
Según el estudio, un precio mínimo indexado a los mercados internacionales y que considere los costes de fabricación de los industriales permitiría mejorar la renta de los agricultores sin trasladar necesariamente el aumento a los consumidores. Esto sería posible gracias a una reducción de las márgenes industriales en la adquisición de materias primas.
No obstante, los investigadores advierten sobre posibles efectos secundarios de esta medida. A corto plazo, podría desestabilizar sectores frágiles y, a largo plazo, favorecer la concentración industrial, limitando aún más la competencia y generando incertidumbre en los precios finales pagados por los consumidores.
El estudio del IPP subraya que la implementación de precios mínimos en solitario sería insuficiente para proteger la renta de los agricultores frente a la competencia internacional y las fluctuaciones del mercado. Para maximizar su eficacia, esta medida debería complementarse con otras políticas de apoyo a la producción, tales como:
- Subvenciones que amortigüen los costes de producción.
- Políticas comerciales que equilibren la competencia con productores externos.
- Sistemas de seguros agrícolas que protejan a los agricultores frente a riesgos climáticos y económicos.
Estas políticas, combinadas con precios mínimos, garantizarían que el apoyo económico llegue realmente a los agricultores, sin ser absorbido por los intermediarios de la cadena de valor.
El precio mínimo, debería ser el precio de coste total, no es necesario las subvenciones, pues esto desanima a los agricultores, y los beneficiarios son las grandes superficies que pagan un precio mínimo y lo venden al precio que quieren a los consumidores.
La Cadena Alimentaria en España, no se respeta.
Las consecuencias, es que nos vemos obligados a consumir productos leguminosos de Argentina, Canadá EEUU
Etc.
En un futuro no lejano convertiremos un país agrícola y ganadero, en un país sin alimentos suficientes para alimentar a su población.