UPA-UCE ha denunciado la imposición de precios ruinosos por parte de la industria procesadora de tomate, que está ofreciendo 107 euros por tonelada, una cifra muy por debajo de los costes de producción y que, según la organización, pone en riesgo la viabilidad del sector en la región.

UPA-UCE ha calificado esta situación como un “atraco” que amenaza la continuidad de los productores extremeños de tomate. “Las industrias privadas se van a llevar un botín de más de 32 millones de euros, reduciendo en un 20% el precio pagado a los agricultores”, advierte la organización, que estima que unos 1.800 productores extremeños se verán afectados por este conflicto.

Exigen la intervención de la Junta de Extremadura

Desde UPA-UCE han criticado la inacción de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, a la que han reclamado públicamente y por escrito que intervenga en el conflicto para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe la venta de productos agrarios por debajo de los costes de producción.

Se ha recordado que la Consejería penalizó el año pasado a los agricultores que no pudieron presentar sus contratos en plazo, mientras que ahora no está actuando con la misma firmeza contra la industria. “Ya sabemos con quién está la consejera, y desde luego no es precisamente con los productores de tomate extremeños”, ha lamentado el consejero de la asociación.

Denuncia de cláusulas abusivas en los contratos

UPA-UCE también ha denunciado el uso de cláusulas abusivas en los contratos impuestos por la industria, que obligan a los agricultores a firmar que el precio ofertado cubre sus costes de producción, a pesar de que esto no es cierto.

La organización volverá a denunciar a las industrias tomateras ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), para que se presenten los costes reales de producción y se garantice el cumplimiento de la ley.

UPA-UCE anuncia nuevas acciones contra la industria

Ante la gravedad de la situación, UPA-UCE ha anunciado que utilizará todas las herramientas legales a su disposición para revertir esta imposición de precios, al considerar que no existen motivos objetivos que justifiquen esta reducción drástica del precio del tomate.

UPA-UCE ha afirmado que no permitirá que los intereses de la industria perjudiquen a los agricultores de tomate en Extremadura, reiterando su compromiso con la defensa del sector y la exigencia del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.