El próximo 8 de marzo es cuando entrará en vigor, para las explotaciones porcinas existentes, las nuevas normas recogidas en el Real Decreto 159/2023 sobre bienestar animal. La Unió de Pagesos ha pedido al Departamento de Agricultura de Cataluña que consiga en el Ministerio de Agricultura que esta normativa se modifique, con el objetivo de no perder la capacidad productiva y que se conceda una moratoria para que los ganaderos puedan adecuar sus instalaciones.

El nuevo Real Decreto 159/2023 sobre bienestar animal traspone la normativa europea a la legislación estatal y, en el caso del sector porcino, supone la modificación de las condiciones de las granjas y el manejo de los animales, ya que, principalmente, incrementa los valores en relación con las superficies de suelo libre mínimas disponibles. Esto implica la ampliación del espacio disponible en los corrales de un 14% de media.

La normativa incluye también otras medidas como destinar un 2,5% de la superficie a zonas de observación y aislamiento, instalar aparatos de medida, el registro de concentración de determinados gases o el establecimiento de nuevas condiciones respecto a su alimentación, agua, comederos y condiciones ambientales de las instalaciones a la disponibilidad para los animales de material manipulable.

Estas modificaciones conllevan costes que debe asumir el ganadero, además de la reducción del número de animales de cada granja y, consecuentemente, su capacidad productiva.

Unió de Pagesos reitera que esta norma es en muchos aspectos, más restrictiva que el reglamento europeo vigente y ha pedido una flexibilización para aplicarla a las posibilidades reales del sector.

Desde hace tiempo, la organización reclama el redondeo por el cálculo de densidades, que considere las zonas de enfermería como superficie disponible, que establezca excepciones de ordenación para facilitar que las granjas hagan adaptaciones y que permita trasladar parte de las capacidades productivas entre granjas en las que sea más fácil realizar la adaptación.